La bonificación del cien por cien en el pago de la tasa por prestación de servicios veterinarios ha supuesto un ahorro para el sector ganadero de la Comunidad de aproximadamente 107.200 euros en sus tres meses de vigencia, entre el día 13 de diciembre de 2022 hasta el 13 de marzo de 2023. Ésta fue una de las medidas recogida en la Ley de rebajas tributarias de 1 de diciembre, en la que se incluyeron una serie de acciones coyunturales en materia de servicios veterinarios al considerar al sector agrario como uno de los principales afectados por la crisis económica debida a la subida del precio de la energía, el combustible y la elevada inflación.

Sin embargo, la Junta de Castilla y León declaró la campaña agrícola 2022-2023 como excepcional, debido a los efectos producidos por los fenómenos meteorológicos adversos acaecidos y señaló la urgencia en la adopción de las medidas de apoyo al sector agrario. Así lo explica la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural en su respuesta a una pregunta formulada por el Grupo Socialista en relación al efecto de esta medida para compensar el pago de tasas de titularidad autonómica para el sector agrario, consultada por Ical.

Ante esta situación, se están adoptando nuevas medidas de apoyo dirigidas a dotar de liquidez a las explotaciones agrarias y, por este motivo, se ha considerado oportuno ampliar el periodo de bonificación de dicha tasa a los ejercicios 2024 y 2025, explica el departamento que dirige Gerardo Dueñas. Es por ello que los grupos Popular y Vox registraron una proposición de ley por la que se establecen determinadas ventajas fiscales dirigidas al entorno rural de Castilla y León, en la que se establecerá una bonificación del 95 por ciento de la cuota tributaria de la tasa por prestación de servicios veterinarios, desde la entrada en vigor de la Ley, y con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025.

Su toma en consideración se producirá en el pleno de las Cortes que comienza mañana, para su aprobación definitiva en la siguiente sesión, como explicaron los portavoces de ambos grupos, con cuya entrada en vigor esperan que el sector se pueda ahorrar dos millones de euros.