La decisión de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta de Castilla y León de reducir
en «42 millones de euros» las diferentes partidas destinadas al llamado Diálogo Social, recorte que entre otras cuestiones se va a materializar en la eliminación de 26 programas y líneas públicas de empleo que hasta ahora gestionaban sindicatos y patronal, y sobre la que las fuerzas sindicales llevan tiempo alertando, está teniendo sus efectos. Y es que no solo CCOO y UGT han dejado de prestar prácticamente (salvo los que financia la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades) todos los programas de orientación y asesoramiento laboral y formación que hasta ahora ofrecían tanto a desempleados como a trabajadores ocupados sino que la supresión de estos programas se ha traducido en menos ingresos para estos sindicatos y por ende en una reducción de empleo en los mismos que o ya se ha hecho efectiva o se hará en breve. Así, en el caso de CCOO, el sindicato ya ha presentado un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE) que afectará en el conjunto de Castilla y León a 54 personas y supondrá «una reducción de la jornada laboral de entre un 50 y un 60 por ciento», como explica Óscar García Barroso, secretario del sindicato en Ávila.
A estas medidas hay que sumar el ERTE para 38 trabajadores que hace unos días presentó la Fundación Formación y Empleo de Castilla y León, dependiente de CCOO, y que gestionaba el programa PROA, de orientación a desempleados, y el que de formación que se prestaba a trabajadores ocupados (OTO).
De momento, García Barroso no puede cuantificar cuántos trabajadores del sindicato se van a ver afectados en Ávila porque «se está negociando» pero sí habla ya de los dos empleos suprimidos tras eliminarse el programa de visitadores de prevención de riesgos laborales y el que se prestaba a inmigrantes.
Donde ya ponen cifras es en UGT, donde la supresión de estos programas supone dejar sin trabajo a «cinco técnicos, todos ellos mujeres y que en algunos casos llevaban desarrollando estas funciones en el sindicato desde hace 16 años», como reconoce Javier García, secretario provincial de este sindicato que lamenta no solo la pérdida de esos empleos sino también que se dejen de prestar estos servicios «fundamentales» para desempleados y ocupados, pero también para inmigrantes o para la prevención de riesgos laborales en empresas.
«Quienes se beneficiaban de estos programas ahora están desantendidos porque no tenemos técnicos que les puedan ayudar», lamenta García que recuerda que a nivel regional UGT ha ejecutado ya un ERTE de extinción para 66 trabajadores, de ellos los cinco de Ávila.
«Esto es fruto de la ilegalidad en la que se instalan las políticas de VOX y en la eliminación de estos programas, sin negociación previa, porque su objetivo es desgastar a los sindicatos», asegura García Barroso antes de recordar que los programas que venían prestando las fuerzas sindicales se asentaban en los acuerdos del Diálogo Social y que por tanto se prestaban «como un servicio público dirigido a la sociedad en su conjunto y no en exclusiva para los afiliados» . «La eliminación de estas líneas tiene un doble impacto:interno, porque supone perder la capacidad técnica y profesional de gente que viene trabajando en estas organizaciones durante más de 20 años, pero también la eliminación de programas con mucha experiencia y con un impacto social muy positivo», lamenta García Barroso.
Precisa el responsable de CCOO además que no solo los sindicatos se han visto afectados por estas medidas que también afectan a ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que contrataban a desempleados para obras determinadas dentro del Preplan o la subvención que los municipios recibían para contratar agentes de igualdad.