Una vez conocida la sanción de la comisión disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de la suspensión de 20 días en sus funciones al presidente de la Audiencia Provincial, Javier García Encinar, éste quiere dejar claras algunas cuestiones. Entre ellas que es «una sanción administrativa, no judicial», que no es «firme» puesto que hay un recurso presentado y que la va a «combatir». Además, en un aspecto más personal, señala que está «afectado», especialmente porque se «pone en duda la honorabilidad de dos profesionales», él mismo y su pareja que tiene una carrera profesional de 30 años. Por eso, teniendo en cuenta que la denuncia en su día tuvo que ver con el hecho de intervenir en asuntos en los que su pareja actuó como procuradora, deja claro que nunca ha «puesto ninguna sentencia en ningún asunto en el que mi pareja ha sido parte».
Entender su visión de los hechos comienza por la idea que quiere transmitir de que lo que hay ahora mismo es una sanción administrativa, no judicial. En otras palabras, «no se trata de un delito» sino que está impuesta por un órgano administrativo. Para que se entienda, como si llegara de un ayuntamiento o una comunidad autónoma.
Además, tal y como ya señaló Diario de Ávila, «no es firme» y como la impone la comisión disciplinaria él ya ha presentado el correspondiente recurso ante el pleno del Consejo General del Poder Judicial.
El presidente de la Audiencia Provincial de Ávila también hace referencia al «procedimiento» recordando que esto se inició por la «denuncia de un compañero que participó en la deliberación» de los asuntos «sin poner ningún obstáculo» y que «denuncia cuando se va jubilar».
En cuanto a los pasos que se han dado, el primero llega de las manos del promotor de la acción disciplinaria que hizo «una propuesta de archivo de la causa» al considerar que la actuación del García Encinar había sido «clara y transparente» y no había vestigio de infracción disciplinaria. Sin embargo, la propuesta de archivo no fue aceptada por la Comisión Permanente que pidió que se siguieran haciendo diligencias. De ahí derivaría la propuesta de sanción al presidente de la Audiencia de Ávila a pesar de que, incide García Encinar, el propio ponente deja claras «sus dudas» en cuanto a la sanción y no cree que tuviera «encaje» en cuanto a acciones disciplinarias.
Aún así, se hizo la propuesta y se dejó en la mano de la comisión decidir si había infracción. En la comisión correspondiente fue donde se llegó a la propuesta de sanción de 20 días de suspensión de las funciones en una resolución en la que de los siete participantes tres no pudieron ser parte porque habían intervenido y de los otros cuatro, tres estuvieron a favor de la sanción, pero uno de ellos emitió un voto particular, en contra. Es «tan discutible», dice el presidente de la Audiencia Provincial de Ávila, «que con solo un voto al revés no habría sanción» porque con el empate no se podría aprobar. Además, el propio García Encinar habla de un «voto particular demodelor».
En todo caso, sí que dice que «respeta escrupulosamente la resolución» pero anuncia que la va a «combatir» como ya ha hecho con el recurso administrativo presentado ante el CGPJ y que tendrá que resolver el Pleno.
Aunque el fondo del tema es importante, también lo es señalar la existencia de ese voto particular al que ha tenido acceso Diario de Ávila. Entre los muchos aspectos de los que habla, deja claro que disiente del parecer mayoritario y que considera que se debería haber llegado a «la conclusión del procedimiento sin declaración de responsabilidad ni sanción». Se refiere, por ejemplo, a «la existencia de dudas», señalando que «las dudas son compartidas con el PAD, que archivó el procedimiento en una primera ocasión y que sólo ha propuesto la sanción después de que la Comisión Permanente estimara un recurso de alzada contra el archivo, eso sí, poniendo de manifiesto sus dudas y su persistencia, de forma que la propuesta se ha formulado, de alguna manera, para que la Comisión Disciplinaria pudiese despejar esas dudas». Habla también de que los hechos «pasan por considerar, en primer lugar, que el órgano en el que el magistrado presta sus servicios es una Audiencia Provincial de Sección única y que durante los años en los que se produjeron los hechos sólo contaba con tres magistrados, por lo que resulta claro que una situación de abstención sistemática produciría distorsiones más que evidentes en el correcto funcionamiento del órgano». Además considera que todos los magistrados, incluyendo el denunciante, entendieron «que una forma de evitar la abstención era que en el reparto se excluyera al magistrado sancionado de las ponencias correspondientes a su pareja o su hermano y, al mismo tiempo, que se mantuvieran ocultos en la deliberación los nombres de los profesionales implicados en el pleito». Unas normas que se plantearony que la Sala de Gobierno además aprobó, señala.
Estas conclusiones parecen ser las mismas que expresa el presidente de la Audiencia Provincial que cree que lo que ha sucedido ofrece a la «desgracia de que vivimos en una ciudad pequeña» y no hubiera sucedido, en su opinión, si fuera en Madrid o Barcelona. En todo caso quiere dejar claro que desde el primer momento, en 2017, promovió «la modificación de las normas de repartos» en los asuntos que intervenían para que no hubiera «sospecha» y de ahí que insista en que no ha puesto «ninguna sentencia en ningún asunto en el que mi pareja fuera parte». Sí que formó parte de la sala, reconoce, pero dentro de que eran tres y él no puso sentencia ni tuviera esa capacidad para influenciar en los demás, asegura.
Añade también que se ha articulado de tal forma para que él no supera quien era parte de los asuntos y, de esa manera, al no saber las partes, «mal puedo sentir una inclinación hacia una parte u otra».
Por todo esto siente que se ponga en duda la «honorabilidad» de dos profesionales, la suya propia y la de su pareja, una profesional con 30 años de carrera y que no ha tenido la oportunidad de defenderse y dar su versión, siendo una «víctima inocente» que sufre las consecuencias «cuando ninguno de los dos hemos hecho nada malo» y se han «observado todas las cuatelas y precauciones» con una «conducta honesta, clara, transparente y honrada».