El 1 de junio del pasado año, y tras una autorización judicial, agentes de la policía entraron en una vivienda de la capital abulense en la que tras el registro se encontraron, entre otros, 545 euros en metálico, una balanza de precisión, dos precintos metálicos y un paquete que contenía en su interior una sustancia blanquecina troceada y en polvo con un peso neto de 12,11 gramos que posteriormente, y tras ser analizada, resultó ser cocaína con una riqueza del 79,77 por ciento y con un precio en el mercado que entonces rondaba los 60 euros por gramo. En la vivienda vivían CHM y MAHV, a quienes se acusó de haberse dedicado al menos desde el mes de octubre de 2021 y hasta junio del pasado año al transporte, venta o intercambio por efectos valiosos de cocaína.  Este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila estaba fijada la celebración del juicio contra esta pareja, acusada de un delito contra la salud pública en su modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, por el que se enfrentaban inicialmente a una petición de pena de 5 años de prisión y multa de 1.500 euros, así como privación del derecho a sufragio pasivo durante el tiempo de la condena. Finalmente el juicio no se celebró tras llegar a un acuerdo entre las partes, en el que se retiraban los cargos contra la mujer y se responsabilizaba de estos hechos solo a CHM, para el que tanto acusación particular como Fiscalía coincidían en rebajar la petición de pena  al tener en cuenta que en el momento en el que ocurrieron estos hechos el varón «estaba afectado de una toxicomanía que limitaba  sus niveles de conciencia y voluntad».  Por ese motivo, y tras este acuerdo, el acusado fue condenado mediante sentencia 'in voce' a una pena de privación de libertad a dos años. La defensa solicitó también la suspensión de la ejecución de la pena de privación de libertad durante un plazo de cuatro años condicionando esta posiblidad a que el condenado no delinca durante este periodo y se someta a un tratamiento de desintoxicación, petición a la que no se opuso el Ministerio Fiscal y sobre la que ahora el Tribunal tendrá que pronunciarse. Estas suspensión de la pena de cárcel,como explicó Francisco Javier Rojo, el fiscal, se fundamenta en tres condiciones siendo la primera que el condenado «sea un delincuente primario, lo que implica que delinca por primera vez o que de haberlo hecho con anterioridad tenga los antedecentes penales cancelados». También se contempla esta posibilidad cuando las condenas no exceden de dos años, como en el caso del varón juzgado este miércoles en la Audiencia Provincial de Ávila, y también cuando el condenado tiene satisfechas las responsabilidades civiles, algo que no se da en este caso puesto que no hay perjudicados. «Reúne todas las condiciones para poder concedérsele la sustitución de la pena de privación de libertad», explicó el fiscal jefe que en cualquier caso apuntó que la concurrencia de estos tres requisitos no supone que haya que conceder necesariamente la suspensión sino que esta decisión es «discreccional para el tribunal, que tiene que valorar si en este caso concreto, y con las circunstancias que concurren en este caso concreto, considera que el penado merece este beneficio o, por contra, que no lo merece por las razones que sean».