Las negociaciones de Comisiones Obreras (CCOO) con el comité de empresa han concluido con una reducción del Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará finalmente a 30 de los 58 trabajadores anunciados cuando se presentó el pasado 6 de julio. Dicho acuerdo ya cuenta con el visto bueno de la Inspección de Trabajo, tal y como comunicó este jueves el propio sindicato a través de un comunicado de prensa.

Las mismas fuentes explicaron que el proceso recoge también planes de rentas para nueve trabajadores del personal administrativo de 59 años o más y 13 de los diferentes programas de los acuerdos del Diálogo Social afectados por los «incumplimientos» de la Junta de Castilla y León.

Asimismo, también se han pactado medidas de acompañamiento como un plan de recolocaciones, el servicio de orientación laboral de ForemCyL y una bolsa de empleo para cuando se restablezcan los acuerdos vigentes, aseguraron a Ical fuentes del sindicato.

Comisiones Obreras anunciaba el pasado 6 de julio que el recorte de programas de la Consejería de Empleo obligaba al sindicato a presentar un Expediente de Regulación de Empleo que en principio iba a afectar al sesenta por ciento de la plantilla. De esta forma se sumaba a la decisión adoptada por la UGT regional hace semanas y que, en su caso, ha supuesto el despido de 57 trabajadores.

La organización sindical, comandada por Vicente Andrés, recuerda en el comunicado enviado a los medios que la Consejería de Industria, Comercio y Empleo «ha dejado de cumplir acuerdos» que están en vigor del Diálogo Social y «sus obligaciones constitucionales», por lo que el sindicato «ha tenido que tomar decisiones para ajustar la plantilla».

«Desde la entrada de Vox en el Gobierno en Castilla y León se decidieron políticas para debilitar a los sindicatos, a los representantes de las personas trabajadoras, y de un día para otro se dejaron sin efecto acuerdos del Diálogo Social como los que daban servicio en prevención de riesgos laborales, los servicios de inmigración, la orientación a personas trabajadoras en activo y paradas o el Servicio de Mediación Laboral (Serla), entre otros», añadieron las mismas fuentes.

Precisamente la propuesta del ERE del sindicato afectaba a la plantilla y los trabajadores vinculados a los programas públicos que venía desarrollando en todas las provincias de Castilla y León. Todo ello después de que la Consejería asumiera los programas del Diálogo Social que antes prestaban sindicatos y patronal.