En las últimas ocasiones en las que se han producido situaciones fuera de lo normal en las fronteras de Ceuta y Melilla con Marruecos, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, no ha estado a la altura de las circunstancias, tanto en la invasión producida en Ceuta en el mes de mayo de 2021 y el salto a la valla de Melilla de junio del año siguiente, en el que resultaron muertos una veintena de migrantes y se produjeron devoluciones en caliente hacia territorio marroquí.

Entre las diez mil personas que penetraron en Ceuta se encontraban unos setecientos   menores no acompañados y varias decenas fueron devueltos a Marruecos en el mes de agosto sin que se hubieran cumplido los trámites prescritos en la Ley de Extranjería, por lo que el Tribunal Supremo, tras la denuncia presentada por varias ONG, ha sentenciado que se vulneraron sus derechos a la integridad física y moral de los menores a los que no se les dio el tratamiento individualizado que requerían.

La sentencia de Tribunal Supremo tendría que ser suficiente para que el propio ministro del Interior presentara su dimisión por haber ordenado o consentido una actuación ilegal, que justificó en su momento. Afirmar que tanto las fuerzas de seguridad como las autoridades ceutíes "actuaron de buena fe" es un juicio de valor que no pasa el corte de lo que debe ser una actuación sometida al control jurisdiccional, aunque en aquel momento se echara mano de un acuerdo entre España y Marruecos de 2007 como justificante de la devolución de los menores, que el Supremo ha considerado insuficiente.  Si a eso se añade que Marlaska y la parte socialista del Gobierno insisten en que se actuó "de acuerdo a la ley y en interés de los menores" cuando el Tribunal Supremo acaba de argüir que en esas actuaciones no se respetó la Ley ni el Reglamento de Extranjería, la responsabilidad política del ministro del Interior parece evidente.    

Cuando todos los acontecimientos que ocurren alrededor de la política migratoria se han constituido en un elemento central del debate político, por la presión de los partidos de extrema derecha y la contaminación de esas políticas a los partidos conservadores, y proliferan las declaraciones en las que se mezcla inmigración con delincuencia, se hace más necesario que nunca no dar bandazos y no situarse al margen de la propia ley. En ningún caso se puede actuar de forma que recuerde las palabras del entonces portavoz del Gobierno de José María Aznar, Miguel Ángel Rodríguez, cuando dijo aquello de "teníamos un problema y lo hemos resuelto", al introducir inmigrantes drogados en un avión para ser repatriados. Los problemas con la inmigración se resuelven siendo escrupulosos en el cumplimiento de la ley y con una cooperación sincera de Marruecos en el control de las fronteras.

 Paralelamente, sigue sin resolverse la situación de hacinamiento en las instalaciones para acoger a personas demandantes de asilo en el aeropuerto de Barajas después de semanas de advertencias, hasta el punto de que Cruz Roja ha dejado de colaborar en su asistencia, mientras que los jueces han prohibido a Interior que cogiera otro tajo y los enviara a un Centro de Internamiento de Emigrantes. Grande-Marlasca tiene la política migratoria atragantada. Cierto que los migrantes han descubierto un agujero por el que colarse, pero hay que taponarlo con los procedimientos legales en la mano.