El pleno de las Cortes ratificó este miércoles por unanimidad el convenio entre las comunidades de Castilla y León y de Madrid para la asistencia sanitaria de los municipios limítrofes de las provincias de Ávila y Segovia en hospitales madrileños y de población flotante de esa comunidad en la atención primaria de Sacyl.

El convenio en materia sanitaria, que emana del Protocolo General de Colaboración entre la Comunidad de Madrid y la Junta de Castilla y León en materia de políticas públicas suscrito el pasado 22 de noviembre de 2022, fue detallado por el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, ante el hemiciclo.

La colaboración entre ambos servicios de salud afecta a los ámbitos asistenciales de atención primaria, atención hospitalaria, urgencias, emergencias y transporte sanitario, gestión del conocimiento e historia clínica electrónica, en lo que Vázquez calificó de novedad.

Afecta a siete siete Zonas Básicas de Salud (ZBS) de Ávila: Lanzahíta, Sotillo de la Adrada, Arenas de San Pedro, Mombeltrán y Candeleda junto con las de Cebreros y Las Navas del Marqués; y dos de Segovia: El Espinar y Villacastín. En ambos casos, se les prestará atención en el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda de la Comunidad de Madrid. Se trata de asistencia a 44.000 tarjetas de Ávila y 25.000 de Segovia.

El socialista Jesús Puente defendió el modelo autonómico con herramientas como el convenio para lograr un equilibrio, afirmó que es una oportunidad para las zonas limítrofes y se refirió a demandas no atendidas, como la zona de Las Merindades en Burgos con el País Vasco.

Puente se preguntó por qué se incluye en el convenio la radioterapia para Ávila cuando se ha prometido por lo que pidió que se aclare "la duda" de si este servicio se va a retrasar. "Apoyo, sí, pero no es un cheque en blanco y sirva para desmantelar el hospital de Ávila", cerró.

Francisco Igea (Ciudadanos), que expresó el apoyo a este convenio, realizó alguna consideración como la prometida unidad del dolor en Ávila y no tener que desplazarse a Madrid y subrayó que las historias clínicas no son de los sistemas sanitarios, sino de los pacientes.

La procuradora de Vox Susana Suárez manifestó que la firma de este convenio "demuestra que el estado de las autonomías genera desigualdades" y abogó por evitar que haya ciudadanos y de segunda y de dotar de más competencias al Gobierno para no hablar de desplazados con una tarjeta única.

El popular Ángel Ibáñez manifestó que estos acuerdos suponen un pleno desarrollo del estado de las autonomías y del autonomismo útil y cooperativo defendido siempre por su partido y refirió que se deben tener en cuenta tanto los flujos poblaciones como que son zonas limítrofes con una población flotante de segundas viviendas, que reciben atención primaria de Sacyl y hospitalaria de Madrid.

Por último, calificó de "avance" el presente convenio para el efecto frontera al incorporar, entre otras medidas, la receta electrónica, después de subrayar que 200.000 habitantes de Madrid fueron atendidos en las zonas básicas de salud de Ávila y Segovia, con un gasto farmacéutico de 15 millones, y otros 1.725 fueron derivados a hospitales de Madrid.