En mayo de 2011 la localidad murciana de Lorca sufrió un terremoto de magnitud 5,1 grados Richter que causó 9 víctimas mortales, más de 300 heridos y 462 millones de euros en pérdidas económicas directas. El 13 de diciembre de 2021, tras 85 días activo, cesaba la erupción del volcán en la isla de La Palma que dejaba tras de sí cientos de casas, edificios y carreteras destruidas y también un fallecido por inhalar monóxido de carbono y sulfuro de hidrógeno que emanaba del cráter. A principios de ese mismo año la borrasca Filomena,   la mayor tormenta de nieve en España desde 1971, supuso daños valorados en 1.157 millones de euros. En todos los casos se trata de catástrofes naturales imprevistas y extraordinarias que dejaron daños muy cuantiosos. Unos daños de los que en el caso de los bienes asegurados se hizo cargo el Consorcio de Compensación del seguro (CCS), entidad pública dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones que desempeña múltiples funciones en el ámbito del seguro, entre las que destacan las relacionadas con la cobertura de los riesgos extraordinarios, tales como inundaciones, terremotos, tempestad ciclónica atípica, tumultos o terrorismo, cuyos daños son indemnizables por parte del CCS. 

Eso sí, el Consorcio de Compensación del Seguro solo cubre siniestros de bienes o riesgos asegurados. Es más, los asegurados destinan una pequeña parte de lo que pagan por sus pólizas de seguros (tanto de hogar como de automóvil y otros patrimonios) a esta entidad pública empresarial que con esas aportaciones de los asegurados crea una 'hucha' que es con la que se indemnizan estos siniestros.  Por ese motivo, y pese a la confusión que a veces existe, no son los contribuyentes sino los asegurados, como precisan fuentes del seguro, quienes con sus aportaciones contribuyen a que el Consorcio de Compensación del Seguro pueda hacerse cargo de estos siniestros extraordinarios a través de lo que en el sector se conoce como «mutualización del riesgo». Por este mismo motivo, estas indemnizaciones solo están destinadas a cubrir daños en bienes que cuentan con un seguro. 

Desde 1971, año en el que arranca la información estadística sobre la actividad anual de esta entidad pública,  y hasta el pasado año, el CCS ha atendido en el conjunto del país 1.799.217 expedientes de daños provocados por riesgos extraordinarios en bienes o personas aseguradas. En total, en estas cinco décadas la entidad de apoyo al sector asegurador ha abonado en nuestro país más de 13.164 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones por los daños producidos durante este tiempo por inundaciones, terremotos, actos de terrorismo, motines o tumultos populares, entre otros riesgos extraordinarios de los que se hace cargo el CCS. 

En el caso de la provincia de Ávila, desde 1971 el Consorcio de Compensación del Seguro ha atendido 3.121 expedientes de solicitud de indemnización por daños producidos por riesgos extraordinarios, en su mayoría por inundaciones, que en el caso del conjunto nacional suponen el 64,1 por ciento de los pagos realizados por esta entidad en los últimos 50 años. 

 En total, desde 1971 el CCS ha hecho frente en esta provincia al pago de cerca de 15,5 millones de euros en concepto de indemnizaciones por daños producidos por riesgos extraordinarios en bienes asegurados. El año en el que más indemnizaciones se abonaron fue 2019, cuando este instrumento al servicio del sector asegurador español pagó  algo más de 2 millones de euros, cuantía que en buena parte se destinó a hacer frente a los daños que la borrasca Filomena produjo en esta provincia y que se tradujeron en 1.212 solicitudes de indemnización. 

En el último año, el CCS atendió en el conjunto de la provincia de Ávila 40 expedientes de indemnización por daños provocados por riesgos extraordinarios, abonando 106.145 euros en total para hacer frente a estos siniestros. Esto supone que, de media, los asegurados abulenses a los que atendió el Consorcio de Compensación del Seguro en 2022  percibieron 2.653 euros en concepto de indemnización. 

En su último informe, el CCS  estima que en la provincia de Ávila el capital asegurado supera los 23.214 millones de euros, de los que la mayoría corresponden a viviendas, con un capital asegurado de 19.088 millones de euros; seguido de  vehículos, con un capital asegurado de 501 millones, y otros 3.623 millones correspondientes a otros riesgos asegurables. 

Además de compensar daños producidos por riesgos extraordinarios en bienes asegurados, el CCS también indemniza los daños, tanto por fallecimiento como de incapacidad, que sufren las personas que cuentan con una póliza de vida. Así las cosas, desde 1987 y hasta el pasado año el Consorcio de Compensación del Seguro ha atendido en el conjunto de la provincia de Ávila cuatro expedientes relacionados con daños personales provocados por riesgos extraordinarios, por los que en total abonó 377.666 euros en concepto de indemnizaciones.