El Gobierno analizará «la rectificación parcial» de la Junta de Castilla y León para mantener el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) y tomará las acciones en caso de que sean necesarias para garantizar el cumplimiento de la legislación laboral.
Así lo trasladó ayer la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, tras conocer la respuesta de la Junta al requerimiento del Ejecutivo central y el acuerdo del Consejo de Gobierno para dotar con 400.000 euros, un 60 por ciento menos, al servicio de mediación laboral.
«Solo la acción del Gobierno de España ha hecho que la Junta hiciera este jueves una rectificación parcial», argumentó Barcones, que recalcó que van a garantizar el cumplimiento de la legislación laboral y van a analizar el acuerdo del Consejo de Gobierno y la respuesta al requerimiento. «Si tiene que seguir tomando acciones, así lo hará», avisó.
Las declaraciones de la delegada del Gobierno se producen tras aprobarse este jueves en el Consejo de Gobierno, a propuesta de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo, la concesión de una subvención directa de 400.000 euros a la Fundación del Servicio Regional de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla) para la financiación de su actividad en el ejercicio económico de 2023 para solucionar los conflictos laborales de la Comunidad.
Esta aportación implica un ahorro del 60 por ciento para la Junta de Castilla y León con respecto a la financiación anterior. De este modo, a partir del 1 de julio, quedarán excluidos de los gastos objeto de subvención los derivados de contratos de alta dirección de la Fundación, que actualmente ascienden a 76.000 euros; los de arrendamiento, y los intereses deudores de las cuentas bancarias.
Tras la celebración de dicho Consejo de Gobierno, el consejero de Economía y Hacienda y portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, reiteró que la Junta apuesta por la «austeridad» para concentrar el esfuerzo en el servicio público como la solución de los conflictos, lo que exige ahorros en los aspectos «más burocráticos o más reglamentarios».
Parche para el PSOE
Por otro lado, la secretaria de Política Municipal del PSOE de Castilla y León y portavoz de su grupo en las Cortes en Industria, Comercio y Empleo, Alicia Palomo, calificó ayer de «un mal parche» y de «precarización» del Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla) la partida de 400.000 euros acordada por la Junta. «La Junta incumple la legalidad y el Estatuto de Autonomía en el Diálogo Social», sentenció Alicia Palomo. Durante una rueda de prensa para presentar las prioridades de la Conferencia Municipal del PSOE de este fin de semana en Valencia, manifestó que la Junta «se retracta un poquito» en su posición inicial de suprimir la Fundación Serla, como pretendía el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, aunque recordó que se mantiene una parte de este servicio, lo que tildó de «un mal parche».