El coste final de las obras de 'La Perla Negra' fue de 33,8M€

SPC
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La cuantía, según declaró Carlos Lamela, no incluye el valor del solar, que rondó los doce millones de euros, ni los honorarios profesionales o el importe de las licencias

El coste final de las obras de ‘La Perla Negra’ fue de 33,8M€

El presidente ejecutivo de Estudio Lamela Arquitectos, Carlos Lamela, confirmó por videoconferencia en el juicio que se sigue en la Audiencia de Valladolid por el caso 'Perla Negra' que el coste final de la ejecución de la obra del Centro de Soluciones Empresariales de la Junta, en Arroyo de la Encomienda, ascendió a 33,8 millones, más IVA. 

En esa cuantía, «una cifra real» según precisó a preguntas de la acusación particular, no se incluye el valor del solar, un aspecto que desconocen «en el 99,9% de los casos» cuando se les requiere un certificado sobre el coste de las obras, ni los honorarios profesionales o el importe de las licencias. Estos certificados, como el que él mismo suscribió en 2010, «se refieren el coste estricto de las obras, la ejecución material o el precio por contrata, pero en ningún caso se establece nada sobre el precio del solar», precisó en su declaración, a la que accedió Ical. 

La Audiencia acogió ayer la reanudación del juicio, que arrancó con la declaración telemática del responsable de un estudio de arquitectos a los que la empresa Urban Proyecta había encargado la codirección de la obra. Tras recalcar que «han pasado casi 20 años», Lamela explicó que cuando sucedieron los hechos él era presidente de un estudio con más de un centenar de empleados, y que «no estaba en los detalles de las operaciones».

Asimismo, aseguró que «en ningún momento» mantuvo reuniones con representantes de Gesturcal ni de otra empresa pública, puesto que su cliente era Urban Proyecta, y aseguró que conoció a Alberto Esgueva (exdirector de la división internacional de ADE para quien la Fiscalía solicita seis años de cárcel) «tres años después en Varsovia».

Por su parte, el presidente del desaparecido grupo inmobiliario Mahía, Ramón López Casal, condenado en el 'caso Arroyo' por cohecho e inductor de prevaricación, aseguró que la parcela que ocupa el edificio se vendió por unos 12 millones, con una extensión de hectárea y media y «mucha edificabilidad».