Confae expresa su «preocupación» por el «impacto negativo» de la huelga general

J.M.M.
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La Confederación Abulense de Empresarios calificó la huelga general del 14-N como de «política», ya que, a su juicio, «se plantea contra legítimas decisiones legales del Gobierno central que han sido refrendadas por el Parlamento español».

En un informe que han hecho llegar a las empresas, desde Confae se afirma que «la convocatoria de una huelga general afecta además al proceso de diálogo social entre patronal y sindicatos que, no olvidemos, ha tenido recientes e importantes resultados como la firma del II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva 2012-2014». En este sentido consideran que puede haber algún estancamiento en la negociación colectiva motivado «por la situación de crisis económica y por la pretensión sindical de utilizarla como lugar de confrontación contra la reforma laboral y sus intentos de exceder lo convenido en el acuerdo citado».

De igual modo, desde Confae se insiste en la necesidad de «garantizar, entre otros, el derecho al trabajo, la seguridad de las personas e instalaciones empresariales, la protección de los bienes, la tipificación de la actuación legal de los piquetes y la calificación previa de la huelga, así como la exigencia de responsabilidad sobre todo tipo de daños a los convocantes de la misma».

Confae expresa que es «preocupante el impacto negativo que esta convocatoria de huelga puede tener para la actividad económica, la creación de empleo, la imagen de España en el exterior y la confianza de los inversores». Por este motivo, añade, «no puede recibir el beneplacito alguno de nuestra organización, sino al contrario, nuestro absoluto rechazo por nuestro firme convencimiento de que sólo a través del diálogo se pueden y deben resolver los problemas inherentes a las contraposiciones de intereses».

Finalmente, Confae, sumándose a la opinión de CEOE y Cepyme, manifiesta que «nunca vamos a avalar la huelga general y menos aún aquella que intenta modificar distintas decisiones del Pleno del Congreso, máximo cuando, además, afecta injustamente a la actividad empresarial y al empleo en una situación de crsisi especialmente delicada como la que vivimos».