La primera convocatoria de huelga general convocada en CaixaBank en el marco de la negociación del ERE registró un «seguimiento masivo» en la provincia, según se apuntó desde la Unidad Sindical, que habló del cierre de todos los centros de trabajo -53 oficinas- y del paro de «prácticamente el 100% de los trabajadores» (todos salvo algún alto directivo). Unos números que dejan satisfacción en los sindicatos, que se espera hagan su «efecto» en la mesa de negociación y que se sumaron a la concentración convocada para este martes en las principales capitales del país. En Ávila unas 150 personas acudieron a la llamada de la Plataforma de Unidad Sindical, conformada por todos los sindicatos con representación en CaixaBank, para dar un «no rotundo» de la plantilla al que volvieron a calificar como un «ERE salvaje», una medida a través de la cual la dirección de la entidad financiera pretende materializar «más de 8.200» salidas «forzosas», de las que 61 pertenecerían a la provincia, una cuarta parte de los empleados actuales.
José Luis Herráez, secretario de Acción Sindical de la sección sindical de UGT CaixaBank en Castilla y León, consideró que los trabajadores estaban dando un rechazo «claro» a «las medidas propuestas por la empresa en abril, las cuales siguen estando vigentes y prácticamente no se han movido absolutamente nada desde entonces», más allá del «’trampeo’ con la propuesta de la recolocación en empresas del grupo», señaló, lo que «está haciendo que la negociación se enroque», a falta de una semana para el vencimiento el plazo.
En este sentido, explicó que se mantienen «tres líneas rojas fundamentales, la voluntariedad real en las salidas», de manera que «no vamos a tolerar ningún tipo de coacción por parte de la empresa»; que las «medidas de reorganización y reestructuración a tenor del ERE no supongan ninguna medida perversa para el empleado» y, «lo que llevamos pidiendo varios años, la homologación salarial y en condiciones sociales para toda la plantilla».
Herráez señaló que, al no saber las condiciones finales que se planteen para el ERE, aún se desconoce cuántos trabajadores de la provincia de Ávila estarían dispuestos a salir de forma voluntaria, pero en cualquier caso las cifras que se manejan para Ávila (61 salidas), Castilla y León (unas 450) y el país (8.291) se consideran «una aberración». «Esta entidad tiene una amplia cuota de mercado y si la queremos mantener o ampliar, la sociedad lo que demanda es un servicio, y para ello nada ni nadie mejor que el factor humano», afirmó, para lamentar que el empleado «pagará el pato pero también lo hará el cliente». Además, denunció la propuesta de despidos cuando «la entidad gana millones en beneficios y sus altos directivos triplican sueldos».