Rechazo total. Ésa es la firme posición de los colegios concertados de Ávila ante el proyecto de Ley Orgánica educativa que lidera la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, y que pretende derogar la Lomce o Ley Wert, vigente desde 2013.

La supresión de la libre elección de centros educativos por parte de los padres, pero también el retroceso que  consideran que esta ley supondría a la LOE, así como la falta de debate y de consenso que echan en falta durante su tramitación, llevada a cabo además en plena crisis sanitaria y en estado de alarma son (a grandes rasgos) los tres aspectos a los que se oponen frontalmente los diez centros concertados con los que cuenta la provincia de Ávila y a los que da voz Escuelas Católicas, entidad representada en Ávila por Gustavo Adolfo Rodríguez Obregón.

Será él pues, como representante de Ávila, el que acuda el próximo 19 de noviembre al encuentro que mantendrán la entidad a nivel regional  para decidir una línea de actuación conjunta frente a una ley que consideran totalmente contraria a las libertades que defiende la Constitución Española. Aunque antes, eso sí, este mismo jueves Escuelas Católicas se reunirá con los equipos directivos de los colegios de la región (entre ellos los abulenses) para explicar la situación actual de tramitación de la ley y plantear las acciones y movilizaciones programadas desde la plataforma ‘Concertados’.

«Con esta ley lo que se pretende es hurtar el debate social», comienza Rodríguez Obregón a desglosar las tres vías sobre las que camina la defensa de la educación concertada que realiza Escuelas Católicas. Y apunta cómo si hace años el PSOE criticó la Lomce asegurando que no fue una ley consensuada, ahora,«pretenden hacer lo mismo, sin debate parlamentario real, sin debate social y encima en plena pandemia y con un Gobierno sin mayoría parlamentaria».

No olvida tampoco Rodríguez Obregón el segundo pilar de su argumentación: el hecho de que desde los centros concertados se considera que la implantación de esta ley supondría «un retroceso a la LOE, la Ley Orgániza de la época Zapatero, que fue una norma muy cuestionada y que nos llevó a niveles educativos muy bajos a nivel internacional», lamenta el portavoz de Escuelas Católicas en Ávila.

Pero, sobre todo, desde los centros concertados de Ávila lo que se critica con dureza es que la que ya se conoce como Ley Celaá «pone límites inaceptables a las libertades de los ciudadanos».

En palabras de Rodríguez Obregón, esta nueva ley educativa «se inventa un derecho a la educación pública frente al único derecho que existe en la Constitución Española, y que es el Derecho a la Educación».

Refresca así nuestro interlocutor el artículo 27 de la Carta Magna española, que habla de un derecho a la educación único. Y subraya por una parte el hecho de que la «la educación concertada no es subsidiaria de la educación pública» y, por otra, el que los tres tipos de educación que existen a día de hoy en nuestro país (pública, privada y concertada) «tienen derecho a coexistir» en beneficio de la libre elección de las familias. «Porque son los padres los que tienen el derecho de elegir la educación para sus hijos», enfatiza el también director pedagógico del Pablo VI.

No olvida tampoco Rodríguez Obregón mencionar otros de los aspectos  a los que, en opinión de las escuelas concertadas de Ávila, ataca la ley que gestiona la ministra Celaá. «Limita las autonomías de los centros, ataca la educación diferenciada y pone en peligro a los centros de educación especial», prosigue con una argumentación que encuentra otro punto fuerte al hablar de cómo esta ley «elimina la demanda social», al no tener en cuenta la elección de la familia. «Ynosotros, como escuelas católicas, damos a las familias derecho a elegir».

Por otra parte, Rodríguez Obregón apunta también que esta ley implantaría la distribución del alumnado en los centros educativos por parte de la Administración, por lo que tampoco en este aspecto, lamenta, se respalda la libertad de los padres a la hora de elegir colegio para sus hijos.

«Y también posterga la enseñanza de la asignatura de Religión, dejándola sin alternativa y sin efectos en su evaluación», critica nuestro interlocutor, que considera esta medida como la imposición de un «laicismo activo» que, por supuesto, no respaldan desde Escuelas Católicas.

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