Cinco meses separan el acuerdo por la jornada de 35 horas

SPC
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CSIF, CCOO y UGT insisten en que la rebaja se aplique el 1 de enero, excepto en algunos sectores a cambio de «compensaciones», e Ibáñez espera consensuar un acuerdo que evite la huelga

Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo (a la izquierda), durante la reunión mantenida con representantes sindicales por las 35 horas. - Foto: Miriam Chacon (Ical)

La Junta de Castilla y León y los sindicatos acercaron posiciones sobre la aplicación de la jornada ordinaria de 35 horas semanales para los empleados públicos, aunque todavía hay cinco meses de diferencia entre las propuestas de ambos. Mientras que el Ejecutivo propone que se aplique el 1 de junio de 2020, los representantes sindicales insisten en el 1 de enero de 2020, aunque ambas partes han suavizado sus exigencias, toda vez que la Junta acerca su fecha en más de cinco meses y los representantes de los trabajadores aceptan que algunos sectores demoren su instauración más allá de enero. La próxima semana, previsiblemente el lunes 4 de noviembre, volverán a sentarse con el objetivo de cerrar un acuerdo que evite la huelga general del 6 de noviembre.
La reunión celebrada ayer, que se prolongó por espacio de más de dos horas, contó con la presencia de los consejeros de la Presidencia y Economía y Hacienda, Ángel Ibáñez y Carlos Fernández Carriedo, así como con representantes de UGT, CCOO y CSIF. Los sindicatos sí aceptan que en algunos sectores de educación y sanidad no entre en vigor el 1 de enero, a cambio de negociar en paralelo «compensaciones». En ese sentido, el titular de la Presidencia remarcó el avance «significativo» hecho por la Junta, que había ofertado hasta ahora aplicar la jornada de 35 horas el 1 de diciembre de 2020. Por ello, el consejero destacó que la Junta mueve ficha y adelanta la fecha que hasta ahora había barajado para aplicar la jornada de 35 horas e hizo un llamamiento a la «responsabilidad», puesto que aseguró que la fecha del 1 de enero de 2020 ya se «conocía», pues ha sido la demanda de los sindicatos, si bien ahora plantea que retrase la rebaja horaria en algunos sectores, que trabajan a turnos o ya tienen los calendarios negociados para el próximo año, informa Ical.
Ante este escenario, Ángel Ibáñez reconoció que todavía no existe un punto de «encuentro» entre la Junta y los sindicatos, pero subrayó el esfuerzo que están haciendo las dos partes para tratar de alcanzar un acuerdo. Remarcó que la prioridad es lograr un pacto sobre el «cómo» y el «cuándo», por lo que confió en que en la próxima semana sean capaces de consensuar la fecha de aplicación de la jornada de 35 horas.
El consejero reiteró que el coste económico de la medida no es una «excusa», sino una «pieza» más dentro del «puzzle». Además, señaló que la Junta defiende que la jornada de 35 horas se ponga en marcha respetando la equidad, es decir, para todos los empleados públicos. Así, reiteró que el Ejecutivo está en disposición de reducir la jornada y volver a la existente antes de la crisis el 1 de junio.
Respuesta sindical

En conjunto, los dirigentes sindicales de UGT, CCOO y CSIF reconocieron al término del encuentro que se había acercado posturas, si bien les separa un periodo de cinco meses, del 1 de enero al 1 de junio de 2020. Además, indicaron que en este momento de la negociación el coste económico de reducir la jornada es el único motivo que esgrime la Junta. También, pusieron de manifiesto las diferencias de posiciones entre los dos partidos -PP y Cs- que sustentan la Junta.
La representante de CSIF, Raquel Fernández, explicó que los sindicatos están dispuestos a que en algunos sectores la jornada de 35 horas no se haga efectiva el 1 de enero, fecha que debe considerarse como la referencia para el conjunto de la plantilla de la Administración autonómica. En la misma línea, el dirigente de UGT Tomás Pérez insistió en que no aceptarán la negociación de un nuevo acuerdo, diferente al firmado en mayo de este año, cinco días antes de las elecciones autonómicas y municipales. Por último, la representante de CCOO Ana Rosa Arribas advirtió de que en el sector educativo se acumula ya un retraso en la aplicación de la jornada de 35 horas, por lo que planteó exigir a la Junta compensaciones. Además, señaló que ahora le toca a la Junta aceptar la contraoferta hecha por los sindicatos.