Un primer balance realizado por la Diputación Provincial de Ávila cifra en unos 30 millones de euros los daños provocados por el grave incendio que arrasó durante seis días 22.000 hectáreas en la Sierra de la Paramera y que comenzó en la mañana del sábado 14 de agosto entre los términos de Navalacruz y Cepeda de la Mora, al arder un vehículo en la cuneta de la N-502.
Según una nota enviada por la propia institución provincial, la Diputación ha remitido al Gobierno central la relación y cuantía de los daños directos, que incluyen infraestructuras públicas de los municipios afectados, como depósitos y captaciones de agua, reposición de redes de abastecimiento, vallados perimetrales, caminos y diferentes limpiezas, pero también la devastación de arbolado denso y pastizales.
En el capítulo de instalaciones municipales, destaca el millón cien mil euros de los daños en Solosancho, los 476.000 euros de Riofrío, los 395.000 de Navalmoral de la Sierra, o los 343.000 de San Juan del Molinillo. Otros municipios que figuran en la solicitud de fondos son Mironcillo (293.000), Sotalbo (98.000), La Hija de Dios (250.000), Mengamuñoz (118.000), Narros del Puerto (29.000), Navalacruz (325.000), Navarredondilla (94.000) y San Juan de la Nava (162.000).
«Además de los daños a construcciones y materiales de los ayuntamientos hay que contabilizar los daños medioambientales, que son muy cuantiosos también y que el Gobierno se ha comprometido a reparar», apunta en la nota de prensa el presidente de la Diputación Provincial, Carlos García. En este sentido, y según la misma fuente, destacan las pérdidas de arbolado denso, de casi 3,5 millones de euros, de pastizal (12 millones) y matorral (5 millones), y de caminos públicos (un millón).
García espera «una buena respuesta del Ejecutivo, tal y como adelantó Pedro Sánchez en su visita, y estamos seguros de que la habrá, de manera que se seguirá con la línea de excelente trabajo entre todas las administraciones ante esta catástrofe». El presidente de la Diputación subraya en el comunicado la «magnífica disposición y colaboración de los ayuntamientos afectados para sacar adelante esta situación de la mejor manera».
Hay que recordar que Pedro Sánchez visitó la zona del incendio el 22 de agosto y en ese mismo momento anunció la pronta declaración de la zona como «gravemente afectada», una figura jurídico-administrativa que remite a la antigua de ‘zona catastrófica’ y que el Consejo de Ministros de dos días después ratificó, con especial foco en lo sucedido en Ávila. El fuego devastó las 22.000 hectáreas bajo una ola de calor histórica, con cerca de 40 grados, bajísima humedad y fuerte viento que, como un reguero de pólvora, avanzó de oeste a este y que posteriormente giró al sur, convirtiéndose en el incendio más grave en la historia de la autonomía y en el quinto más importante del país. Las hectáreas quemadas representaron el 73 por ciento de la superficie que ardió en España en la segunda quincena del mes de agosto y el 25 por ciento de todo lo que se había quemado en el país en lo que iba de año.
Las ayudas del Gobierno no serán las únicas, puesto que la Junta de Castilla y León se ha comprometido a gestionar 25 millones de euros en el próximo decenio para recuperar los términos y montes afectados, con colaboración de municipios y la Administración Central. La primera de esas partidas se incluirá en los Presupuestos de la Comunidad para el 2022, que se presentarán previsiblemente a mediados de octubre. La autonomía también destinó de urgencia 2,7 millones de euros para abastecimiento de agua y primeras intervenciones en servicios básicos de los pueblos, a la vez que la Confederación Hidrográfica del Duero construía en tiempo récord barreras para frenar el arrastre de los residuos y cenizas dejados por el fuego.