El consejero de Agricultura y Ganadería, Juan Carlos Suárez-Quiñones, instó al Gobierno central que sea «beligerante» a la hora de reclamar «flexibilidad» en la nueva Política Agrícola Común y el control de los fondos se haga bienal y no anualmente como se propone inicialmente, ya que sería difícil de cumplir cada año y habría un «grave» riesgo de perder fondos por no hacerlo. Suárez-Quiñones, tras la reunión del Consejo Consultivo de Política Agrícola para asuntos comunitarios, explicó que en la reunión, además de asuntos técnicos y de trámite, destacó como uno de los puntos del orden del día la posición de las comunidades en torno a los planes estratégicos que tendrán que elaborar los estados para el desarrollo de la PAC, que ejecutarán las comunidades y sobre los que inicialmente se ha determinado hacer una evaluación y seguimiento de los objetivos con carácter anual.
A este respecto, el consejero, quien ve lógico que las instituciones europeas hagan un control de los fondos, considera que no es «adecuado» hacerlos anualmente porque son «muy rigurosos» y en un plan de siete años -periodo de duración de la futura PAC- es difícil determinar objetivos estancos «año a año». Además, incidió en que si se producen circunstancias sobrevenidas como la sequía puede ser «estresante» cumplir los objetivos, algo que podría ser «grave» porque un incumplimiento puede conllevar perjuicios como la pérdida de fondos.
De esta forma, reclamó al Gobierno que sea «beligerante» en el próximo Consejo de la UE para abordar la PAC, que con las elecciones europeas y su tramitación retrasará su entrada en vigor de 2021 a por lo menos enero de 2023, por lo que habrá un periodo intermedio que se tendrá que regular.
20.000 millones
Suárez-Quiñones, quien destacó la importancia de la PAC para la Comunidad, donde ha supuesto 20.000 millones de euros en 20 años en fondos para actuaciones y soporte de la agricultura y ganadería, recordó que la reivindicación de Castilla y León pasa por que no se disminuya «ni un euro» del dinero que se destina a la región. Para garantizar no perder fondos también pide que los controles del gasto de este dinero que se gestionará no se haga anualmente porque cada año obligaría a hacer unas correcciones financieras que serían «muy difíciles» o casi «imposibles» de cumplir.
El consejero recordó que esta «flexibilidad» es una de las cuestiones que se recogen en el documento consensuado con partidos políticos, diferentes organizaciones y el sector en general que determina la posición común de la Comunidad con respecto a la PAC, una «fuerza» que también se ha traducido en más de un centenar de enmiendas presentadas ante el Parlamento Europeo. «Hablo por Castilla y León no sólo por la Junta de Castilla y León», matizó, según informa Europa Press.
El también titular de Fomento y Medio Ambiente consideró que el ministro ha recibido de forma «acertada» este planteamiento, que considera «razonable», y que alguna otra comunidad también ha hecho de forma «más tímida» mientras que otras ni siquiera lo habían abordado. Además, ha recordado la especialización de Castilla y León por la potencia del sector agrícola y ganadero con respecto a otras comunidades autónomas.