El presidente del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia, ha anunciado que con fecha del pasado 25 de marzo, la Fiscalía del Tribunal de Cuentas puso en conocimiento de la Sección de Enjuiciamiento, la falta de justificación de determinados gastos por las diputaciones de Ávila y de Segovia, unos hechos «presuntamente» generadores de responsabilidad contable apreciados en el informe de Fiscalización de los expedientes de reconocimiento extrajudicial de crédito (REC) aprobados por las entidades locales en 2018.

Amilivia explicó que se refiere en el caso de la Diputación de Ávila, a la inclusión en un REC de 437.714 euros, de gastos de la Fundación Cultural Santa Teresa por 8.078 euros, y del Organismo Autónomo de Recaudación por 211.296, sin facilitar el detalle y las facturas. Asimismo, en el caso de la Diputación de Segovia, se centra en la falta de información de un expediente por 165.048 euros.

El responsable del Consejo de Cuentas presentó ayer en las Cortes el documento que analiza los expedientes de REC de las 23 entidades locales con población superior a 25.000 habitantes (diputaciones, Comarca de El Bierzo y ayuntamientos de capitales así como de Aranda de Duero, Miranda de Ebro, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo).

Amilivia denunció el incumplimiento de la normativa presupuestaria por parte de las grandes entidades locales al utilizar la figura del REC para gastos «indebidamente adquiridos o comprometidos» y que, tratándose de desembolsos de ejercicios anteriores, «no han sido al menos anotados previamente como pendientes de aplicación presupuestaria». Y es que un 97 por ciento de los gastos analizados fueron indebidamente comprometidos al prescindir en su contratación del procedimiento legalmente establecido.

El responsable remarcó que este informe es una «llamada de atención a la gestión a las 23 entidades locales más importantes» de Castilla y León porque esta forma de actuar «se está convirtiendo en una práctica habitual» que debería derivar en responsabilidades. Asimismo, indicó que en colaboración con el Tribunal de Cuentas está enviando recordatorios a las entidades locales que no han cumplido con su obligación de enviar información sobre los reparos formulados, así como un resumen de las principales anomalías detectadas en materia de ingresos 

Mario Amilivia explicó que el reconocimiento extrajudicial de crédito es una figura «excepcional» al principio de anualidad presupuestaria mediante la que se reconocen, con cargo a los créditos del presupuesto en curso, transacciones realizadas en años anteriores. Amilivia lamentó que «la opinión del Consejo en los expedientes analizados es desfavorable al incumplirse la normativa en materia presupuestaria».

Así, recomendó a 13 entidades afectadas que detalla el informe (ayuntamientos de Ávila, Burgos, Ponferrada, San Andrés del R., Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora, así como las diputaciones de Ávila, Burgos, León y Valladolid) que deberían controlar y reducir el volumen de los gastos aprobados con REC a efectos de que se configuren como una excepción al principio de anualidad y temporalidad de los créditos.

Además, indicó que 12 de las 23 entidades (los ayuntamientos de Ávila, Burgos, León, Ponferrada, Palencia, Salamanca, Segovia y Valladolid, las diputaciones de Burgos, León y Valladolid, así como la Comarca de El Bierzo) deben aplicar las suficientes medidas de control que eviten la adquisición indebida de gastos u obligaciones del propio ejercicio presupuestario.

Asimismo, trasladó a los ayuntamientos de Ponferrada y Salamanca, las diputaciones de Ávila, Burgos, León, Salamanca y Zamora que cuando excepcionalmente no hayan podido realizar a fin de ejercicio la aplicación a presupuesto de obligaciones que derivan de transacciones realizadas en el año, siendo procedente dicha aplicación, deberán, al menos, realizar un registro en la cuenta de acreedores correspondiente.

Para sonrojarse. El procurador del PSOE Luis Briones afirmó que este es uno de los informes «más críticos» que ha podido conocer del Consejo de Cuentas, porque «no deja títere con cabeza» y revela datos «para sonrojarse».

Briones constató que los expedientes REC, que deberían ser «excepcionales» en uso y aplicación, «lamentablemente se han convertido» en algo usual, en un «cajón de sastre» para todos los gastos indebidos y sin cobertura contractual. 

«Es para sonrojarse que el 97 por ciento de los gastos analizados fueron indebidamente comprometidos al prescindir en su contratación del procedimiento legalmente establecido», dijo, para llamar la atención a las entidades locales más importantes de la Comunidad, por vulnerar de forma «flagrante» por acción u omisión, la normativa sobre el USO de los REC, empleándolos para pagar «por la puerta de atrás» deudas, con importantes defectos de forma y fondo y sin fiscalizar. 

En este sentido, apeló a lograr una mayor disciplina «normativa» para reducir la discrecionalidad y lamentó de nuevo el «claro descontrol» en estas entidades que frente a las pequeñas que carecen de gestores, son «incapaces de hacer las cosas bien, aunque cuentan con todos los medios a su alcance». 

Puerta de atrás. El procurador del PP José Alberto Castro expresó su «preocupación» por los resultados de este informe, ya que reflejan que las entidades generales abordan deudas «por la puerta de atrás», eliminando las garantías procedimentales, que no dejan de ser un fraude a los principios de sostenibilidad y transparencia. 

Castro constató que los datos del Consejo de Cuentas revelan que se trata de «una tónica general» en las entidades, aunque advirtió de que «no se puede criminalizar todo», porque también hay usos adecuados. 

Sin embargo, puso de relieve que no ha habido recursos contra estas prácticas, lo que «es más preocupante, porque las empresas lo consideran como un proceso normal de cobro» a las entidades locales.

«Hay que buscar una solución para controlar el uso de estos procedimientos, y buscar entre todos que los ayuntamiento establezcan las normativas concretas para solucionarlo», concluyó.

La procuradora de Ciudadanos Blanca Delia Negrete apuntó a los porcentajes «muy elevados» de incumplimientos por parte de las entidades locales que revela el informe, y advirtió de que «no se deben excusar» para evitar las recomendaciones el órgano de fiscalización. «No están justificado esos incumplimientos», dijo.

Negrete defendió que existan los REC como figura de excepción para evitar perjuicios a terceros con los que se contrataron servicios de buena fe, y evitar que se produzca un empobrecimiento injusto, pero incidió en que no se pueden generalizar y apeló a reducir el volumen de gasto en su uso. Asimismo, apeló a poner en marcha medidas de control y un procedimiento de revisión de oficio de los gastos que son susceptibles de ser declarados nulos. 

Ninguna de las obligaciones reconocidas extrajudicialmente ha dado lugar a la declaración de actos nulos de pleno derecho. No se ha instado ningún procedimiento de revisión de oficio, ni se ha acudido a la vía de indemnización de daños y perjuicios derivada de la responsabilidad patrimonial de la Administración.

Expedientes por valor de 40 millones de euros en la región

Las 23 entidades locales analizadas tramitaron 438 expedientes que derivaron en el reconocimiento extrajudicial de créditos por un importe de 40 millones de euros. El Ayuntamiento de Burgos fue el que comunicó el mayor importe de obligaciones reconocidas extrajudicialmente, con algo más de 12 millones de euros, seguido por la Diputación de Burgos, con casi seis millones, y por el Ayuntamiento de Ávila y la Diputación de León, con cifras en torno a los 4,5 millones de euros. A continuación se situaron los ayuntamientos de Palencia, Ponferrada, Valladolid, la Diputación de Valladolid y los ayuntamientos de Segovia y San Andrés del Rabanedo, todos ellos por encima de un millón. Por número de expedientes destaca el Ayuntamiento de Zamora, con 138, y el Ayuntamiento de Palencia y la Diputación de León, con 63 expedientes cada uno. Asimismo, destacan los expedientes que provienen de omisiones de fiscalización al representar un 40 por ciento del total y un 51 por ciento del importe, así como los que derivan de acuerdos contrarios a reparos de los interventores, un 41 por ciento del total y un 23 por ciento del importe. En lo referente a la muestra de 38 expedientes, cabe destacar que un 29 por ciento fueron aprobados no por el Pleno, sino por el presidente de la entidad, o bien, mediante delegación del mismo por la Junta de Gobierno.