El juzgado de lo Social de Ávila ya tiene a su juez titular una vez que se ha completado el proceso para adjudicar la plaza tras la jubilación del anterior. Se trata de Ángel Marcos Gómez Aguilera, que ya se ha incorporado como magistrado en este órgano, tras estar sustituyendo en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 hasta que se ha incorporado su magistrado titular, según informa el Tribunal Superior de Justicia.

De  esta forma, se cubre una plaza que estaba vacante en un juzgado en el que además se había denunciado que se estaban acumulando expedientes por resolver.

La situación se complicó en el caso de esta sustitución puesto que cuando se produjo la jubilación se intentó incluir a un juez sustituto externo, pero no fue posible puesto que ninguno de los cuatro jueces sustitutos asignados a Ávila estaban disponibles puesto que ya estaban haciendo sustituciones en otros juzgados. Esto obligó a optar por el régimen de sustitución ordinaria interna, lo que se traduce en que el titular del juzgado Contencioso Administrativo asumió ambos juzgados, lo que significaba que se hacía cargo de los asuntos más urgentes de lo Social ante la imposibilidad de realzar al completo ambos trabajos.

Mientras tanto lo que sí se llevó a cabo fue todo el proceso de convocatoria para volver a contar con un juez titular, con una cita que se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 3 de septiembre, con la intención de que a finales de octubre o primeros de noviembre se pudiera cubrir la plaza, lo que finalmente ha sucedido.

En cuanto al tiempo transcurrido, desde julio no se contaba con el juez debido a la jubilación y que agosto se contaba como un mes inhábil. Lo que sí es cierto es que desde UGT se mostró preocupación por la situación en la que se encontraba este órgano judicial. Ya a finales de septiembre el sindicato incluso explicó que pediría al subdelegado del Gobierno que mediara para solucionar la situación una vez que se indicaba que ya había más de 150 expedientes pendientes de resolver, y la previsión de que este número fuera aumentando, tratándose de temas como demandas de despido o sanciones, asuntos que tenían unos plazos para resolverse.