El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 1 de Arenas de San Pedro se ha inhibido en favor de la Audiencia Nacional para que sea un Juzgado Central de Instrucción el que prosiga la investigación sobre la organización dedicada a la importación y distribución de mascarillas no homologadas desmantelada entre abril y julio por la Policía Judicial de la Guardia Civil de Arenas de San Pedro, de la Comandancia de Ávila,  en la llamada Operación Coronafarma.

En la causa, abierta por delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales, hay investigadas 17 personas físicas y cuatro personas jurídicas (dos clínicas y dos empresas de servicios sanitarios y parasanitarios).

El Juzgado se declara «no competente para seguir con la investigación porque considera que en la causa concurren los elementos necesarios para que ésta sea asumida por la Audiencia Nacional», apuntan desde el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.    

En este sentido, el auto señala que «de los indicios racionales de criminalidad recabados por la Policía Judicial, se infiere o se deduce que los posibles hechos, las posibles conductas y las posibles circunstancias envolventes, se han sucedido o han tenido lugar en distintas localidades en cuyo ámbito territorial abarca más de una provincia, trayendo como consecuencia efectos en la economía nacional o perjuicio patrimonial en una generalidad de personas en el territorio de más de una Audiencia, ya que de las diligencias instruidas por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, se ha descubierto que las personas investigadas podrían ser los autores de delitos contra la salud pública, contra la propiedad industrial, estafa, asociación ilícita y blanqueo de capitales».

La Operación Coronafarma tuvo su origen el pasado mes de abril, cuando la Guardia Civil logró intervenir y retirar del mercado más de 260.000 mascarillas no homologadas valoradas económicamente en 300.000 euros y fueron detenidas 5 personas e investigadas a otras 12 como presuntas autoras de los delitos de de asociación ilícita, contra la salud pública, blanqueo de capitales, contra la propiedad industrial, estafa y falsificación de documento público. En una segunda fase de esta operacion se desarticuló una red dedicada a la venta ilegal de mascarillas no homologadas, siendo detenidas tres personas y cuatro investigadas en la localidad abulense de Candeleda y en municipios de Madrid y Valencia.

Los detenidos e investigados adquirían las mascarillas en China y las enviaban a Valencia donde se iniciaba la distribución y venta por todo el territorio nacional.