El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, visitó este viernes la sede del Procurador en Común, en León, donde apostó por “fortalecer el vínculo con las instituciones propias” en estos momentos “tan complicados” para así “prestarles todo el apoyo necesario en el desempeño de su importante labor” como “garantes de la de la defensa de derechos de los ciudadanos y el control de las administraciones en un momento especialmente sensible por la crisis sanitaria”.
Así lo apuntó tras reunirse con el Procurador del Común, Tomás Quintana, en una cita en la que se analizó la evolución de las quejas y de las actuaciones de oficio promovidas por la institución dependiente del Parlamento autonómico en este 2020, con especial atención a la actividad llevada a cabo durante la segunda ola de la pandemia.
Quintana cifró en 435 los expedientes relacionados con la pandemia tramitados durante la vigencia del primer estado de alarma, de los que 406 se refirieron a quejas ciudadanas y 29 corresponden a expedientes iniciados de oficio por la Defensoría. No obstante, según aseguró en declaraciones recogidas por Ical, durante la segunda ola se han duplicado el número de expedientes relacionados con el COVID-19, con respecto a la primera ola y ya se han superado las quejas de 2019, con más 6.000 reclamaciones y casi un centenar de actuaciones de oficio.
Durante la cita, Fuentes y Quintana abordaron también el funcionamiento de la Comisión de Transparencia, órgano adscrito al Procurador del Común y que vela por la transparencia en Castilla y León, que también incrementó su trabajo con cerca de 300 reclamaciones en este ejercicio.
Desde el inicio del Estado de Alarma el pasado mes de marzo, el presidente de las Cortes mantiene un contacto “fluido y más habitual” con los responsables de las distintas instituciones propias de la Comunidad con el objetivo de “verificar y atender aquellas posibles necesidades que la crisis sanitaria haya podido originar en el trabajo rutinario para el correcto desempeño de sus labores administrativas y públicas como altos comisionados de importancia vital para el desarrollo estatutario”.