Este miércoles estaba previsto que se celebrara en la Audiencia Provincial de Ávila el juicio contra J. A. D. M, acusado de un delito continuado de estafa y para el que la acusación particular solicitaba una pena de seis años de prisión. Sin embargo, y «por motivos laborales perfectamente acreditados», según explicó la defensa, el acusado, que en estos momentos trabaja fuera de nuestro país, no acudió a esta vista, lo que obligó a suspender la misma y a aplazar el juicio ora para nuevas fechas, no pidiendo ninguna de las partes medidas cautelares.

El acusado, explicó la letrada de la acusación particular, Raquel Sánchez Estévez, se enfrenta a «un delito continuado de estafa» ya que supuestamente mediante el conocido como «timo del nazareno» habría engañado a media docena de personas que le contrataron para realizar obras en Ávila por las que pidió un dinero por adelantado con la excusa de adquirir material, sin que finalmente llevara a cabo estos trabajos. Mediante este modus operandi el acusado habría estafado en total 8.200 euros. «Hemos considerado que era un hecho muy relevante y que merecía ser condenado de esta manera», señaló la letrada de la acusación particular a la hora de explicar el porqué de esa petición de pena de privación de libertad tan elevada.

Aunque la defensa reconoce que «es cierto» que al acusado se le contrataron unos servicios por los que percibió un dinero por adelantado también defiende que parte de la obra «se inició» y se adquirieron materiales pero que los  servicios no se pudieron terminar «por circunstancias sobrevenidas». «Es cierto que hay un incumplimiento que, en todo caso, lo es del contrato pero entendemos que no existe ningún tipo penal», aseguró la letrada del acusado, Rebeca Sánchez Nieto, antes de apuntar además que su cliente «ya está pagando parte de la responsabilidad civil para resarcir el daño a los perjudicados». No en vano, la abogada de la defensa explicó que el acusado ya ha abonado 1.000 euros de los 8.200 que se le reclaman y que su intención es, además, resarcir la totalidad de la responsabilidad civil antes de que se fije una nueva fecha para la celebración de este juicio para proceder así «a la libre absolución» de su defendido.

El hecho de que el acusado haya reparado de forma «parcial» su responsabilidad, lo que implicaría «una voluntad de intentar solventar el daño causado», motivó a la acusación particular a no solicitar medidas cautelares como hubieran sido, por ejemplo, la orden de busca y captura del encausado.