Los permisos de trabajo a extranjeros no llegan a los 2.000

SPC
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Hace una década superaban los 30.000 anuales, ante lo que CCOO exige una revisión en profundidad de la acreditación de necesidad de mano de obra porque solo generan «picaresca» y «fraudes»

Un grupo de trabajadores, en su mayoría extranjeros, realizan labores en una obra de la Comunidad - Foto: Jesús J. Matí­as

Las autorizaciones de trabajo para extranjeros siguen en mínimos tras una crisis devastadora para el mercado laboral que dejó tasas de paro que aún no han retornado a los niveles previos al ciclo recesivo que comenzó en 2007. El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social constata que lograron una autorización para trabajar en Castilla y León durante el año pasado un total de 1.922 personas foráneas, sólo 78 más que el año anterior. Estos documentos administrativos llevan creciendo ligeramente desde 2016, cuando tocaron suelo con 1.830, pero están a años luz de los datos del año 2007, cuando parecía que todo iba viento en popa y que nada podía pasar. Ese ejercicio, las autorizaciones a extranjeros para trabajar en Castilla y León ascendieron a 28.290, con 26.368 más que el año pasado.
El informe ministerial precisa que las autorizaciones por la dependencia laboral fueron mayoritariamente por cuenta ajena, con 1.643 a lo largo de 2018, frente a las 76 de trabajadores autónomos. Asimismo, la clasificación por sexo revela que fueron las mujeres las que recibieron un mayor número de autorizaciones para trabajar en España, con 976, aunque el número de expedientes masculinos no se alejó demasiado de esa cifra, con 946.
Ante estas cifras, la secretaria de Migraciones y Medio Ambiente de CCOO en Castilla y León, Cristina de la Torre, explica a Ical, que en las últimas reuniones de la comisión laboral tripartita de inmigración, han planteado la necesidad de «reflexionar» sobre el funcionamiento de este sistema, para «actualizarlo y mejorarlo» porque se creó en 2004, y «ya no está vigente» porque las condiciones en las que se aprobó «eran distintas y los flujos de entrada, diferentes». De la Torre reseña que el sindicato apuesta porque el catálogo «salga a cero» porque los extranjeros que viven en España presentan una situación de desempleo mucho más elevada que los nacionales, con tasas del 25 por ciento en el caso de las mujeres, y «no tiene sentido que lleguen desde fuera».
La portavoz sindical recuerda que el catálogo suele venir a cero excepto con puestos de deportistas y marinos mercantes; y habría que actualizarlo porque «no tiene ningún sentido» y se deben revisar sus mecanismos, con una replanteamiento «total» del sistema. En este sentido, denuncia «triquiñuelas» de empresarios para traer extranjeros a España para trabajar demostrando los requisitos de puestos para los que no encuentra personal y luego desarrollan trabajos «en condiciones laborales pésimas». «Si hay ocupaciones que aquí no se cubren es por algo», apunta.
De la Torre asegura que este catálogo «no cumple con la función inicial» para la que se creó, que era «acabar con bolsas de desempleo» y ha derivado «solo en picaresca». Al respecto, denuncia que han detectado contrataciones fraudulentas con datos falsos sobre el papel de la ocupación. Asimismo, constata que se hacen contrataciones con especializaciones muy concretas, no inscritas en el Servicio de Empleo, como la de enterrador de cementerio, algo que no significa que no haya personas que lo puedan asumir en España.
Deportistas profesionales

Las cifras responden a que los extranjeros sólo pueden acceder a las profesiones que se encuentren dentro del Catálogo de Ocupaciones de Difícil Cobertura que determina el Servicio de Público Empleo Estatal, que está prácticamente cerrado; o a puestos que un empleados tenga dificultad para cubrir con trabajadores ya incorporados en el mercado laboral interno, siempre que pueda acreditarlo. Cabe destacar que en ese catálogo, en el caso de Castilla y León, aparecen dos profesiones, deportista profesional y entrenador deportivo, es decir, está completamente limitado.
Además, desde 2007 también ha influido, aunque en menor medida, la incorporación de pleno derecho a la Unión Europea de los ciudadanos búlgaros y rumanos desde el año 2014, por lo que, como ciudadanos de la UE, ya no están incluidos en esa estadística.