El Defensor del Pueblo ha dado carpetazo a las actuaciones relacionadas con los peajes de las autopistas AP-6, AP-51 y AP-61, que había iniciado a petición del colectivo Ávila Libre de Peajes. La organización confió en que en noviembre el Gobierno fije el menor plazo posible para el fin de las autopistas, es decir, 2024.

En un comunicado, explicó que la Comisión Europea ha determinado que esos nuevos siete años de licitación no se deben otorgar a ninguna otra concesionaria, sino que debe ser el Estado el que lo explote, dejando ya por fin las citadas autopistas libres de peajes.

Por ello, animó a los diferentes grupos políticos con representación en el Ayuntamiento y Diputación de Ávila, Junta de Castilla y León, Congreso y Senado, así como a sus respectivos presidentes o secretarios generales de cada partido, a que se adhieran a la demanda del colectivo si «de verdad están o quieren defender los intereses de Ávila y los abulenses».

Finalmente, les pidió que recuerden que han sido elegidos democráticamente para este fin, y para estar al servicio de los ciudadanos, y no viceversa. Además, hizo extensiva esta propuesta a los representantes de Segovia por ser otra provincia afectada por la «sangría» del peaje.

Ávila Libre de Peajes insiste en que la construcción de estas infraestructuras «ya está amortizada desde aproximadamente 2010» y que en base al punto 2 de la PNL aprobada en las Cortes de Castilla y León el 11 febrero 2018, que decía, «que una vez se cumpla la concesión de las actuales autopistas de peaje reseñadas no se volverán a prorrogar y no se sacará una nueva concesión, por lo que a partir de ese día los que circulen por ellas lo harán libre de peajes, por lo que se debería de entender que esos 7 años que tiene la facultad el Gobierno de quedarse con la Concesión sea gratuita».