Hasta ahora, España tenía tantas ayudas a los colectivos más vulnerables como comunidades autónomas, que cubrían el pago de unos 300.000 salarios sociales; pero la aprobación ayer del ingreso mínimo vital por parte del Gobierno abre el paraguas hasta las 850.000 familias. El objetivo de este ingreso es sacar de la pobreza extrema y muy alta a 1,6 millones de personas, en torno al 80 por ciento del total, un porcentaje que alcanzaría hasta un 90 por ciento en el caso de los hogares monoparentales y hogares con hijos.
Para que una familia se considere vulnerable, su renta mensual debe estar por debajo de lo que le correspondería según el baremo de umbrales mínimos. A partir de ahí, se establecen otros requisitos como que el titular de la ayuda sea mayor de edad si tiene hijos y personas a su cargo. Si es para una sola persona, la edad mínima son 23 años, con tres años emancipado. Si la beneficiaria ha sido víctima de malos tratos o de trata, ese requisito no se tendrá en cuenta.
Podrá solicitarse a partir del 15 de junio, aunque 100.000 hogares lo recibirán de oficio a finales del próximo mes, es decir, sin necesidad de pedirlo.
También tienen derecho a percibir la ayuda los extranjeros, pero deberán residir legalmente en España desde hace, al menos, un año.
A quienes la pidan, se les hará un test de patrimonio neto, ingresos menos deudas, y se descontará el valor de la vivienda habitual. El límite de patrimonio aumenta en función del número de personas del hogar y parte de 16.614 euros para una persona que viva sola, hasta 43.196 euros en el caso de una familia de cuatro personas.
El empleo será compatible con este ingreso mínimo durante un tiempo, pero el Ministerio de Seguridad Social aún no ha detallado los plazos. El vicepresidente Pablo Iglesias especificó en su presentación que la prestación no disminuirá en la misma cuantía que el salario para no desincentivar la inserción laboral y evitar la «trampa de la pobreza» (elegir entre aceptar un empleo o cobrar una prestación). La ayuda va ligada a la búsqueda activa de empleo.
Una vez concedida, se abonará de forma mensual en 12 pagas mediante una transferencia bancaria. Además, todas las solicitudes que se cursen desde ahora hasta el 15 de septiembre se cobrarán con carácter retroactivo desde el 1 de junio.
No podrán solicitarla los estudiantes, ya que hay que tener al menos cotizado un año.
Quién lo gestiona
El Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) se hará cargo de la gestión del ingreso mínimo en toda España, excepto en Navarra y el País Vasco, donde el Gobierno ha pactado con el PNV que serán las administraciones autonómicas las que se hagan cargo. No obstante, el plan de la Seguridad Social es que desde el primer momento las demás comunidades autónomas y los Ayuntamientos puedan suscribir con ella convenios para iniciar expedientes de solicitud de la ayuda que luego deberá reconocer el INSS.
A partir del año que viene, salvo que haya una modificación por parte del Consejo de Ministros, el decreto contempla llegar a acuerdos con las otras 15 autonomías para que ellas entren también en la gestión del ingreso mínimo.