El grupo municipal del Partido Popular considera que la indemnización de 17.542 euros que el Ayuntamiento debe pagar a la empresa organizadora por la suspensión del Concurso Nacional de Saltos del pasado mes de agosto, «no debe salir de las arcas municipales, sino que debe pagarla el equipo de gobierno de sus elevados sueldos que ya pagamos todos sobradamente». Así lo declaró la portavoz del PP, Sonsoles Sánchez-Reyes, que justificó esa petición en base a que la decisión de suspender esta prueba se hizo «de manera unilateral, no avalada en ningún informe técnico y con el voto contrario de los grupos de la oposición», por lo que «en este caso no ha fallado el Ayuntamiento, ni el sistema con los técnicos, sino que es una decisión errada tomada unilateralmente y sin ningún informe técnico por parte del equipo de gobierno», razón por la que desde el PPse reclama «una responsabilidad patrimonial de quienes han tomado una decisión errada sin base alguna. No pueden pagar todos los abulenses porque no se ha cumplido el procedimiento».
Sánchez-Reyes denunció que «cuando el alcalde salió a anunciar que se suspendía el concurso se escudó en un informe técnico que así lo recomendaba, pero no existe ningún informe técnico que recomendase la suspensión del concurso. Esto es falso». El PP acusa a Por Ávila de «tomar la decisión arbitraria, caprichosa y apresuradamente, de forma unilateral sin ningún informe técnico que avalase esta decisión», ya que el que el equipo de gobierno facilitó a la oposición, «después de exigirlo, nos llegó tres meses después, en octubre, y nos encontramos, primero, que su fecha era posterior a las declaraciones del alcalde y, segundo, que no decía nada de suspender el concurso ni de que el agua que se tendría que utilizar fuera potable. Sólo se hacía un consumo calculado de agua en ediciones anteriores».
Una vez conocida la cantidad con la que se tiene que indemnizar a la empresa desde el Ayuntamiento, la portavoz del PP lamenta que «con ese dinero, en caso de que la empresa no recurra y sea más, sobradamente habría habido para pagar camiones con agua reciclada que se podrían haber comprado para utilizarlo para el concurso, y así no se habrían perdido ni el millón de euros de impacto económico del concurso ni las perdidas de imagen de la ciudad de Ávila y de la empresa organizadora del concurso, ni tampoco se había contribuido, como seguro que se hizo, a la bajada del turismo y al aumento del paro que el pasado verano sufrimos en Ávila según las cifras oficiales».
«Por parte del equipo de gobierno no se quiso estudiar alternativas para reducir el gasto del agua o para contar con patrocinadores que hubieran pagado de buen gusto ese agua no potable que se hubiera tenido sin necesidad siquiera de haberla comprado», critica Sánchez-Reyes, que acusó a Por Ávila de «confundir a la gente mezclando argumentos, hablando de la escasez del agua para el consumo humano, un elemento que aquí no era necesario, diciendo una y otra vez como único argumento falso que preferían tener agua para beber que realizar el concurso, y cualquiera diría eso, es obvio, pero una vez más es el equipo de gobierno de las ‘fake news’ a base de ocultar la información y repetir una y otra vez un mismo argumento».