Hace apenas un año, el mundo contemplaba conmocionado cómo el populismo hacía tambalear la democracia norteamericana: miles de estadounidenses asaltaban el Capitolio para impedir una transición en la Presidencia del país realizada de acuerdo con la legalidad establecida. El violento episodio advertía a Occidente sobre la fragilidad de las democracias liberales, sobre las consecuencias de las estrategias de polarización y sobre el alcance totalitario de los discursos populistas, ajenos a cualquier límite legal o moral. Un año después cabe preguntarse cómo se llegó a la situación y extraer algunas conclusiones en clave interna ante un fenómeno, el populismo de distinto signo, que también atenaza algunos consensos liberales que se creía garantizados. El análisis no implica comparar movimientos que se alimentan de fenómenos distintos, pero sirve de aviso acerca de lo que puede llegar si no se está alerta.
La estrategia populista se nutre principalmente de la polarización de la sociedad y del desprestigio de las instituciones que son sustituidas por una apelación directa al pueblo por parte de quienes, sin más aval que su voluntad, dicen ser sus portavoces. Ambas tendencias, en distintos grados, forman parte de la política española y europea desde hace ya varios años trasvestidas de profundización democrática o de vuelta a los valores originales.
Así, en los últimos años, la influencia de los partidos de los extremos del arco político en las formaciones tradicionales ha desplazado el objetivo de centralidad política dominante en los primeros años del periodo democrático en aras de la búsqueda de resultados electorales cortoplacistas. Es evidente que en España han desaparecido elementos de consenso y espacios políticos compartidos, de modo que cualquier negociación se resuelve en términos de victoria o derrota. Aún más descorazonador es que el poder establecido en algunos territorios nacionalistas haya alentado la fractura de sus propias sociedades para intentar alcanzar sus objetivos políticos . La deslegitimación del entramado institucional -bien sea la Constitución, el estado autonómico, la Monarquía, el Parlamento, la Justicia (en general), el Tribunal Constitucional o incluso la legitimidad de gobiernos legalmente constituidos- forman parte también de la agenda política española cotidiana y, en ocasiones, se animan desde el poder.
La combinación de ambas tendencias agrietan la confianza de los ciudadanos en el sistema y los estimulan a la búsqueda de salidas fáciles que, a la larga, se revelan dolorosas. Si algo puede enseñar el asalto al Capitolio es que la democracia nunca debe darse por consolidada y que sólo alejando las instituciones de las batallas partidistas y utilizando de forma escrupulosa los mecanismos y contrapoderes constitucionalmente establecidos para el ejercicio de la política se pueden evitar aventurismos cuyo resultado práctico es contraproducente y cuyos efectos históricamente han sido catastróficos.