Los grupos Popular y de Ciudadanos defendieron hoy que el nivel de transparencia es “elevado” en la información de los contratos públicos por lo que rechazaron la propuesta socialista para que se publiquen de forma semestral en el Portal de Transparencia todas las facturas pagadas por la Junta, lo que para ambos socios crearía un problema técnico al tener que dar publicidad a 600.000 contratos.

En la Comisión de Transparencia de las Cortes, la socialista Yolanda Sacristán afirmó que castellanos y leoneses tienen el derecho de conocer como se gasta el dinero público, aludió al “desprestigio” de la política por la falta de transparencia y concluyó que se haga efectivo un principio “del que tanto alardea” el Gobierno de PP-Cs.

En la propuesta de resolución de la PNL rechazada, se pide que se publiquen de forma semestral en el portal de transparencia todas las facturas pagadas por la Junta de Castilla y León incluyendo organismos autónomos, empresas públicas y fundaciones adscritas a la administración autonómica.

La procuradora de Ciudadanos Blanca Negrete sostuvo que “el nivel de transparencia es elevado” en el Portal del Gobierno Abierto con la información detallada de contratos y esgrimió motivos técnicos de la Administración para publicar en torno a 600.000 facturas, que supondría atender la propuesta socialista.

Negrete manifestó que el PSOE pone en “duda” el trabajo de los interventores y aludió también a la protección de datos, además de los problemas técnicos que podrían bloquear la Intervención y Tesorería, lo que compartió el procurador de popular Ricardo Gavilanes, mientras que Sacristán rechazó que su grupo dude de la labor de los técnicos.

Coches oficiales

En la comisión se rechazó por PP y Cs la proposición no de ley socialista en la que se solicitaba que de forma anual se publiquen en el portal de transparencia todos los itinerarios realizados por cada coche oficial en consonancia con las agendas de cada uno de sus miembros del Gobierno.

El socialista Pedro González afirmó que no van “a cejar” para conocer en que se gasta el dinero público y evidenció en su exposición “privilegios” de altos cargos permitidos por los que “vinieron para regenerar la política”, en referencia a Ciudadanos.

La procuradora de Cs Inmaculada Gómez lo acusó de un uso político, cuando no hay “nada ilegal”, al enfrentar a los supuestos “privilegios” con la falta de ayudas a sectores afectados por las restricciones del covid, mientras que la popular Mercedes Cófreces se refirió a que se quiere crear “una cortina de humo” en un asunto en que se cumple la ley.

Ambas remarcaron que se cumple lo estipulado en la ley de transparencia y buen gobierno y en el código ético de austeridad de los altos cargos, así como que tanto las agendas de trabajo como el uso de los vehículos oficiales está en el portal de transparencia de la Junta. En este punto, Cófreces manifestó que no existe ninguna reclamación al Comisionado de la Transparencia.

En su exposición inicial, Pedro González aludió a los 6.000 euros pagados a un viceconsejero por el traslado desde Madrid a Valladolid y a facturas de menús y de hoteles elevadas, cuyos datos tienen a través de preguntas parlamentarias. Pero también reseñó que la Junta de Personal de la Administración Autonómica ha estimado un gasto de 820.000 euros en transporte de altos cargos.

Según la normativa, únicamente tienen derecho a coche oficial el presidente de la Junta y los consejeros, mientras que también el código de austeridad apuesta por que los altos cargos compartan vehículo siempre que se pueda.

Por último, el socialista no compartió el argumento de Inmaculada Gómez de que se genere un problema de seguridad para el alto cargo al publicar su trayecto en función de la agenda de trabajo, ni tampoco que se obligaría a la administración a realizar un gasto en recoger esa información.