Las denuncias por no respetar el confinamiento suben a 1.833

D. Casillas
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El pasado fin de semana se comenzó a notificar a los particulares en sus domicilios los acuerdos de iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores.

Las denuncias por no respetar el confinamiento suben a 1.833

Aunque, según destacan y agradecen las fuerzas de seguridad, la población abulense está siendo ejemplar a la hora de cumplir con el confinamiento domiciliario que impone el estado de alarma iniciado el día 15 de marzo, se han dado, como en el conjunto del país, un buen puñado de ‘excepciones’ a ese civismo, desobediencias muy vigiladas por los agentes de esos cuerpos que han derivado hasta el pasado domingo en la interposición de 1.833 denuncias y la detención de 21 personas en toda la provincia.
Durante la última semana, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Ávila, se interpusieron 329 denuncias y se procedió a la detención de cuatro personas, repartida esa labor de la siguiente forma: Guardia Civil, 229 denuncias; Policía Nacional, 55 denuncias y dos detenciones; Policía Local de Ávila, 40 denuncias y dos detenciones; policías locales de la provincia, cinco denuncias.
A estas últimas sanciones se suman las 1.504 denuncias y 17 detenciones que habían sido llevadas a cabo hasta el final de la Semana Santa, interpuestas de la siguiente forma: Guardia Civil, 1.181 sanciones y doce detenciones; Policía Nacional, 171 denuncias y cuatro detenciones; Policía Local de Ávila, 98 sanciones y cero detenciones; policías locales de la provincia, 36 denuncias y una detención.
Tras estas cinco semanas, el pasado fin de semana se comenzó a notificar a los particulares en sus domicilios los acuerdos de iniciación de los correspondientes expedientes sancionadores. Tras esas comunicaciones, a los ciudadanos sancionados o detenidos se les dan quince días para que puedan  pagar voluntariamente la multas correspondientes, aprovechando esa prontitud para tener un descuento del 50%, o bien presentar alegaciones.
La cuantía de las sanciones, tal y como se establece en el artículo 54 de la Ley Orgánica 4/2015 (que argumenta que «libertad y seguridad constituyen un binomio clave para el buen funcionamiento de una sociedad democrática avanzada, siendo la seguridad un instrumento al servicio de la garantía de derechos y libertades y no un fin en sí mismo», parte desde un mínimo de 100 euros, y varía en función de «la gravedad de los hechos denunciados».
Entrando al detalle, esas cantidades oscilan entre 30.001 y los 600.000 euros para las sanciones muy graves, entre los 601 y los 30.000 euros para las graves, y entre los 100 y los 600 euros para las leves.