El Ayuntamiento de Ávila dio el visto bueno este viernes, con el apoyo del Partido Popular, la abstención de PSOE y UPyD y el rechazo de Izquierda Unida, al plan de ajuste que se remitirá al Ministerio de Hacienda como el acompañamiento al Real Decreto que establece el mecanismo de financiación para el pago a proveedores, al que se ha acogido el Consistorio para poder saldar los 10,6 millones de euros que deben a 227 contratistas. El conjunto de medidas que se adoptan para garantizar la devolución del préstamo abarcará el periodo fijado para la amortización del mismo (diez años) y prevé ahorrar 7 millones de euros en los dos próximos años, 2,5 de ellos en este 2012 y 4,5 en 2013, según se informó en el transcurso del Pleno ordinario del mes de marzo y, a su finalización, detalló algo más el teniente de alcalde de Servicios Económicos y Fomento del Ayuntamiento, Félix Olmedo.
En concreto, ese ahorro vendrá de lograr «unos mayores ingresos», por la vía de subir algunos impuestos, tasas y precios públicos, y también de la reducción de gastos, entre los que se encuentran gastos corrientes del Ayuntamiento, la amortización de puestos de trabajo y la reducción de la cuantía de contratos de servicios como el de limpieza. Todo ello con «tres objetivos fundamentales», la garantía para diez años de que no habrá despidos en la plantilla y el mantenimiento del gasto en los apartados social y del empleo, aseguró.
De esta manera se contemplan medidas como la subida del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para 2013, de un tipo del 0,57 al 0,59, lo que se calcula podría suponer dos millones de euros ese mismo año; el incremento de precios como el del transporte urbano, cuyo billete sencillo pasaría de costar 0,90 a 1 euro, y el aumento de ciertas tasas como las de la Escuela Municipal de Música, la Escuela de Artes Plásticas, las instalaciones deportivas y el agua, entre otras «muchas», las que «están desajustadas con el precio real del mercado», explicó Olmedo. En el caso de la Escuela de Música, por ejemplo, este año se encarecerá un 10% y en 2013, el 20%, lo que permitirá un ahorro de 170.000 euros al año. El ahorro en la limpieza rondaría los 200.000 euros.
El debate. El panorama no se ve de la misma manera en la oposición municipal, tras la abstención de PSOE y UPyD y el rechazo de IU. El grupo socialista justificó su voto en que el plan «es necesario» para poder acogerse al fondo del pago a proveedores pero las medidas adoptadas «son un tanto precipitadas» y «no nos satisfacen» aunque «no hayan pasado las líneas rojas del empleo y los servicios básicos». La subida del IBI, en la que «se sigue sin hacer distinciones», el «excesivo» encarecimiento de la Escuela de Música o la preocupación de que la rebaja en la limpieza, por ejemplo, afecte al empleo, fueron algunas críticas de su portavoz, Yolanda Vázquez.
Por parte de UPyD Manuel Vicente detalló que apoyan el fondo del plan de ajuste, necesario para que el proveedor cobre y que el grupo lleva reclamando meses, pero no las medidas elegidas. «Este plan no adquiere el compromiso aconsejado por el interventor, no termina de incidir en las competencias impropias ni aborda la adaptación de la estructura municipal a la necesidad actual», de modo que «o eliminamos duplicidades y competencias impropias o contribuiremos a generar morosidad en los siguientes ejercicios», subrayó el portavoz, que abogó por un «plan de ajuste pero no éste: se queda corto y no está definido».
IU fue el único partido que votó en contra, según explicó su portavoz, Montserrat Barcenilla, porque no están de acuerdo con el decreto en sí (sí con pagar a los proveedores) y porque este ajuste no hará sino «seguir incrementando la deuda; cada vez deberemos más, pediremos más créditos y eso sigue generando intereses», con lo que será «pan para hoy y hambre para mañana», dijo.
El portavoz municipal, José Francisco Hernández, defendió un plan que «tendrá un impacto muy positivo en el Ayuntamiento y la economía local», ya que se «resolverá el problema del retraso del pago a proveedores» y eso permitirá «prolongar la actividad económica». Todo ello, apuntó, «sin la merma en la calidad de servicios públicos y en la plantilla» y sin la necesidad de «cerrar instalaciones o suprimir servicios». Es, en definitiva, un plan «realista, prudente, justo, equitativo, solidario con el empleo» y en el que «pagará más el que más tiene». «Es un balón de oxígeno pero nos tocará seguir luchando y ajustando», añadió, con la eficiencia energética, la reforma de la financiación local o la petición a las administraciones que deben dinero, como la Junta, que paguen.