La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades intervino ayer la primera residencia de ancianos en Castilla y León, en concreto el centro de mayores Valle del Cuco Ribera del Riaza del municipio de Adrada de Haza, para evitar una posible situación de “desamparo” de los 48 usuarios, ante la falta de personal para atender, de forma adecuada, a los residentes. “Se ha decidido intervenir en esta residencia antes de que los mayores puedan quedar en una situación de especial vulnerabilidad”, añadieron fuentes de Familia. 

Además, aseguraron que el propio director del centro fue quien comunicó a la administración la situación y no los familiares de las personas mayores. “Se vio superado por las circunstancias, por lo que, a partir de ahora, el centro estará gestionado por una funcionaria de la Junta”, precisaron. Esa persona estará al frente de la residencia hasta que se resuelva la situación y vuelva todo a la normalidad, momento en que el hasta ahora director pueda volver a su puesto.

Tras la información publicada por Diario de Burgos, la Consejería quiso dejar claro que esta intervención es la primera en Castilla y León, que cuenta con 810 residencias, de las que quince son estrictamente públicas. Todas ellas, suman 53.000 plazas por lo que restó importancia a este hecho al señalar que la inmensa mayoría de los centros de mayores de la Comunidad cumple con sus obligaciones y sustituye al personal cuando está baja, ya sea por un contagio del Covid-19, una cuarentena o por otra circunstancia.

En este sentido, las fuentes de Familia recordaron que las residencias tienen la obligación de contratar personal y cumplir con la ratio de profesional por usuario, ya sea a través del Sistema regional de Empleo (Ecyl), la bolsa de voluntarios y otros sistemas. Además, subrayaron que, ante la situación de crisis sanitaria, la Junta ha flexibilizado los criterios de contratación de empleados en el sector, por lo que una persona con experiencia en cuidado de mayores puede optar a trabajar en una residencia.

El portavoz de la Junta, Francisco Igea, subrayó hoy, tras la celebración del Consejo de Gobierno, que la administración autonómica había puesto en conocimiento de la Fiscalía para que, si considera oportuno, investigue la situación que se ha podido dar en la residencia de Adrada de Haza. “Habrá que averiguar si la residencia deseaba contratar personal y no encontró o que, directamente, desechó la idea”, concluyeron las fuentes de Familia.