Pide comparecer en las Cortes por los todoterrenos

P.R.
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El consejero de Fomento y Medio Ambiente afirma que la venta de los vehículos se realizó por lotes, conforme a ley, aunque sostiene que han abierto una investigación

El  consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, solicitó ayer su comparecencia en las Cortes de Castilla y León, para dar explicaciones y ofrecer los datos necesarios sobre el caso de la venta de todoterrenos de su departamento. Así lo anunció ayer el consejero en la Escuela de Policía de Ávila, momentos antes de comentar un nuevo curso básico de formación de policías de Castilla y León.
Suárez-Quiñones incidió  que llevará  toda la información que están recogiendo dentro de la investigación interna abierta por su consejería e insistió en que la Junta se personará «sin duda ninguna» en la causa «si considera que existen elementos e indicios de algún perjuicio patrimonial».
Sin embargo, advirtió que hay que «dejar trabajar a la justicia» y lamentó que «hay quien incluso cree haber obtenido conclusiones finales de una investigación que está en marcha». Aseveró que además «esos datos que se plantean de perjuicios económicos son cuestionados en la prensa».
El consejero aseguró que en su departamento están «recabando todos los datos necesarios» sobre este asunto. En este sentido, constató que los órganos responsables de las distintas delegaciones iniciaron una serie de expedientes de venta de unos vehículos que había que enajenar por su estado de antigüedad, algunos tenían hasta 27 años y cientos de miles de kilómetros y con numerosas averías, lo que precisamente dio lugar a  acometer su relevo.
El consejero explicó que se instruyeron unos expedientes conforme a la Ley de Patrimonio de Castilla y León del año 1999, por un sistema de lotes, y constató que se presentaron más de cien ofertas de compra de distintas entidades y que por lo tanto «ha habido una concurrencia donde se ha obtenido el mejor precio posible en ese mercado que determina la oferta de compra». Juan Carlos Suárez-Quiñones mostró no obstante su «más absoluto respeto a la labor de la justicia» y ofreció la «plena colaboración de la Junta de Castilla y León en esa labor». Insistió al respecto en que es la Junta la primera interesada en aclarar «si hay o no un aspecto no adecuado».
Por último, defendió, «si no se demuestra lo contrario, a todo nuestro personal público; más de 5.000 trabajadores públicos que trabajan en las distintas delegaciones territoriales. Y a los órganos de contratación que han intervenido en estos expedientes en las delegaciones territoriales» aunque «desde luego, la justicia nos tiene a su disposición».



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