La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) presentó durante la jornada de ayer una demanda ante la Sala del Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra lo que han calificado como «decretazo sanitario» de la Junta, publicado en el Bocyl el pasado mes de noviembre. El sindicato da este paso «consciente de estar ya ante la tercera ola provocada por la covid-19» y de que la negociación de ese decreto 2/2020, que regula la organización y trabajo de los sanitarios de Sacyl, está «totalmente estancada por la falta de voluntad» del Gobierno autonómico.
Igualmente, desde la centralsindical comunicarán la justificación de esta decisión a la consejera de Sanidad, Verónica Casado, así como a todos los empleados de Sacyl, para dejar clara su posición, «dado que el decreto vulnera escandalosamente las condiciones laborales de los profesionales que integran los centros sanitarios de Castilla y León».
CSIF aclaró que seguirá presente en las negociaciones que se lleven a cabo en la Mesa Sectorial de Sanidad entre los sindicatos y la Consejería «con el objetivo de evitar la aplicación del ‘decretazo’ impuesto por la Junta, así como conseguir un acuerdo que no lesione ningún derecho laboral de los empleados públicos».
El presidente del sector autonómico de Sanidad de CSIF Castilla y León, Juan Carlos Gutiérrez-Rodilla, insistió a través de un comunicado de prensa en que «la negociación deberá llevarse a cabo bajo los principios de buena fe, confianza legítima, reconocimiento y colaboración mutua, igualdad en la negociación, transparencia, participación y lealtad institucional».
Es por ello, según informa Ical, que exigió que, «mientras dure esa negociación y, en el futuro, se cese inmediatamente de aplicar medidas contra los sanitarios de esta Comunidad».
Vía negociadora
Por último, desde la Central Sindical Independiente y de Funcionarios reconocieron que seguirán apostando por la vía negociadora «en la defensa de los intereses de los trabajadores», pero «se opondrá a toda acción que suponga lesionar los derechos de los empleados de Sacyl que, en un momento tan delicado, se desviven por prestar a los pacientes la mejor atención sanitaria, al igual que debería hacer la Consejería de Sanidad». «No renunciamos ni renunciaremos a toda vía de derecho que quede abierta para luchar contra un decreto injusto, ineficaz y arbitrario», concluyeron en el comunicado.