Un 'no' del Congreso abre el vértigo autonómico

Agencias
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España cuenta con cobertura legal de salud pública por si decaen las medidas excepcionales, pero el Ejecutivo perdería el mando único y debería entenderse con las comunidades

Un 'no' del Congreso abre el vértigo autonómico - Foto: Mariscal

Si el Gobierno no lograra el preceptivo aval del Congreso para una nueva prórroga del estado de alarma podría recurrir a varias leyes sanitarias para seguir actuando contra el coronavirus, pero perdería el mando único y estaría obligado a una mayor coordinación con las comunidades. Ello acarrearía riesgos para una aplicación exitosa y segura de un proceso de desconfinamiento que ya está en marcha, tal y como advierten varios constitucionalistas, quienes al mismo tiempo que admiten la posibilidad de acudir a un marco legislativo alternativo inciden en la mayor complejidad que supondría su aplicación.
La Ley Orgánica de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública de 1986 se presenta como la principal norma que podría utilizar el Ejecutivo en caso de no conseguir respaldo parlamentario a la cuarta prórroga. Se trata de una ley breve, de solo cuatro artículos, en cuyo tercer apartado se detalla que «con el fin de controlar las enfermedades transmisibles, la autoridad sanitaria, además de realizar las acciones preventivas generales, podrá adoptar las medidas oportunas para el control de los enfermos, de las personas que estén o hayan estado en contacto con los mismos y del medio ambiente inmediato, así como las que se consideren necesarias en caso de riesgo de carácter transmisible». Un planteamiento muy genérico al que también se podrían añadir otros postulados de la Ley de Salud Pública de 2011, la Ley General de Sanidad de 1986 e incluso de la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil de 2015, según apuntan varios expertos.


¿Y el confinamiento?

Sin embargo, ninguna faculta al Gobierno para mantener el confinamiento que se activó con el estado de alarma, cuya prolongación ponen en entredicho cada vez más fuerzas de la oposición y también muchas comunidades. La cuestión está en que si Moncloa se queda sin su «hiperliderazgo», en palabras del catedrático José Manuel Vera, estaría más obligado que nunca a coordinarse con las 17 autonomías, las competentes en materia sanitaria, y tendría muchos problemas para dar marcha atrás en la desescalada si así lo aconsejara un rebrote de la pandemia. 
España se acercaría así al modelo que ha venido implementando Alemania, donde el Estado ejerce más una labor de coordinación y los diferentes territorios ejecutan las medidas que van considerando más oportunas en función de la evolución de la pandemia.
Pese el reto de combatir el coronavirus sin el Ejecutivo al frente se presenta especialmente complicado por las patentes diferencias entre el Gobierno y las autonomías que, además, no podrían restringir la libertad de movimientos, como hasta ahora se ha hecho desde Moncloa. Y es que, tal y como apunta el  catedrático de Derecho Constitucional Diego López Garrido, la Ley de Medidas Especiales de Sanidad Pública se refiere exclusivamente a los enfermos o contagiados, que serían los únicos que podrían ser aislados para evitar la expansión de la enfermedad. No podría actuar «sobre los sanos», señala, de manera que se acabaría con la actual restricción de movimientos a la población.
Solo cabría, y ya para casos concretos, aplicar otro tipo de límites para, por ejemplo, evitar manifestaciones. Las delegaciones del Gobierno podrían prohibirlas para evitar el contagio, en una ponderación entre el derecho a la vida y el derecho de manifestación.


Posibles cambios

Para el catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Complutense Ángel Sánchez Navarro, no se debe encarar la aprobación de la prórroga del estado de alarma como un «todo o nada», ya que recuerda que el Pleno del Congreso puede «influir» en él y «condicionar el contenido». No obstante, apuntó que si la situación excepcional decae, «se vuelve a la normalidad» porque «todo lo que no está prohibido está permitido para el pueblo». 
Pero en todo caso el mayor riesgo para el Ejecutivo siempre estaría en esa exigencia de máxima coordinación con las comunidades  en la línea de esa «cogobernanza» que ya ha propuesto Pedro Sánchez, y siempre con respeto al marco competencial autonómico.