Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más dependientes incorporó al sistema, con 11.402, sólo por detrás de Valencia, que contó con 13.888 personas más, según el Observatorio Estatal para la Dependencia.

A este respecto, la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de Castilla y León, Isabel Blanco, considera que estas cifras son una demostración de que en la Comunidad «las cosas se hacen bien» porque siempre que se presentan solicitudes que cumplen los requisitos, se incorporan automáticamente al sistema y desde el 1 de enero además se trabaja en la reducción de plazos para generar derechos a los tres meses.

Además, Blanco incidió en que en Castilla y León el plazo de reconocimiento del derecho y de la concesión de la prestación van unidos, por eso la lista de espera en la Comunidad sólo ronda el 1,5 por ciento, un porcentaje que habitualmente refleja expedientes que están en tramitación.

La consejera aclaró que la incorporación al sistema de dependencia y a la vez la concesión de la prestación «no es lo habitual» en el resto del país y en otras comunidades, que primero reconocen los derechos y luego, después de otro tiempo de espera, generan esas prestaciones. «Los servicios sociales de Castilla y León funcionan como funcionan y son pioneros», agregó.

Por lo que se refiere al conjunto del país, 269.854 de personas dependientes con derecho a servicios o prestaciones se encontraba en lista de espera para recibirla a 31 de diciembre de 2019, lo que supone 19.817 personas más que hace un año, según el Observatorio.

En los últimos doce meses también se ha incrementado el número de personas pendientes de valoración de grados dependencia que ya asciende a 159.193 personas, frente a las 128.568 que se contabilizaban a 31 de diciembre de 2018.

Frente a estas cifras, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales señaló que, «a pesar de que el número de atendidos asciende a 1.115.000 personas, el saldo positivo de 61.000 personas más del último año es claramente insuficiente para absorber la demanda».

Modelo insostenible.

Precisamente, el presidente nacional de la Asociación de Residencias y Servicios de Atención a los Mayores (Lares), Juan Ignacio Vela, aseguró, en una jornada celebrada en Valladolid, que es «insostenible» el modelo de atención a la dependencia. Entre otros motivos, enumeró que no responde a las necesidades de los ciudadanos. «Queremos un sistema que responda a la demanda de cada persona como más atención domiciliaria para seguir en el entorno y unas residencias que sean centros abiertos para vivir más como la comunidad y empoderarles en la sociedad», según informa Ical.

Vela explicó la asociación calcula que en 2030 en Castilla y León unas 147.000 personas requerirán atención solamente desde el sistema de dependencia. Es decir, un 40 por ciento más de las que son atendidas ahora. Y eso supondrá una inversión cercana a los 400 millones de euros anuales hasta 2030 para poder atender a todo el mundo, sin ejecutar el cambio de paradigma más centrado en el cuidado de la persona.