La organización profesional agraria Asaja-Ávila, que a finales de agosto ya cifró públicamente en 100 millones de euros las pérdidas por la sequía en el sector agropecuario abulense en la presente campaña, insistió ayer, mediante  una nota de prensa, en la excepcionalidad de Ávila, a quien atribuye el 10 por ciento de los daños del total nacional. Ávila, como Asaja explicó en su día, ya era la provincia más damnificada en el conjunto regional, donde las pérdidas ascendían entonces a unos 600 millones de euros.

Ahora, la Asociación Agraria Jóvenes Agricultores, enfatiza que «ya son dos años desastrosos de tres en las últimas campañas, una situación que no hay negocio que la aguante, y más en el caso de los agricultores y ganaderos que son en su mayoría pequeñas y medianas explotaciones pilotadas por profesionales autónomos».

Por ello, el sindicato abulense urge medidas para las comarcas más castigadas: «Ávila es la gran damnificada. Valoramos positivamente la inminente convocatoria por parte de la Junta de subvenciones acogidas al régimen de mínimis», subrayan. Dicho régimen previsto por la Comisión Europea considera que ciertas ayudas concedidas por los Estados miembros a sus empresas no se califican como ayudas de Estado, ya que sus efectos sobre la competencia son limitados.

Sin embargo, para Asaja estas medidas son «claramente insuficientes para los agricultores de las comarcas agrarias donde se ha cebado especialmente la sequía». Por ello, la opa propone préstamos acogidos al régimen de ayudas mínimis, en los que se bonifiquen los intereses y se subvencione el 25 por ciento de la amortización del principal, «de forma similar a como se hizo y se afrontó la sequía de 2005, así como la condonación del pago de las cuotas a la seguridad social durante 12 meses», explican en la nota de prensa. Como tercera propuesta de urgencia, Asaja demanda la «mejora de las coberturas y rendimientos del seguro agrario, acompañada de una recuperación del 10 por ciento de la subvención al seguro recortada en el año 2017 por parte del Ministerio de Agricultura, y un mayor apoyo económico del resto de Administraciones –regional y provincial–.