Satse denuncia 102 camas de residencia sin ocupar en Ávila

E.Carretero
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La consejera de Familia, Isabel Blanco, responde asegurando que «todas las plazas existentes preparadas para la atención a personas dependientes en centros residenciales dependientes de la Junta de Castilla y León están ocupadas»

Satse denuncia 102 camas de residencia vacías en Ávila

El sindicato de Enfermería Satse ha denunciado que las residencias públicas de Castilla y León cuentan con más de 400 camas que llevan años cerradas, de las que además una de cada cuatro se encuentran en la provincia de Ávila, donde el citado sindicato estima que existen 102 plazas residenciales sin ocupar.  Asegura el sindicato que esta situación ha provocado «la necesidad de derivación de las personas dependientes a residencias privadas, por lo que Satse exige una investigación.
Es más, el sindicato califica como «sumamente llamativo» que de las  aproximadamente 2.500 camas en residencias públicas que existen en Castilla y León haya más de 400 que llevan años sin ser cubiertas. Una situación, reconocen desde el sindicato que no solo afecta a Ávila sino que también se da en Palencia, donde de las 260 camas existentes actualmente solo hay 125 plazas ocupadas; la residencia mixta de Parquesol de Valladolid, que pese a disponer de 225 camas tiene 90 sin cubrir desde su creación hace aproximadamente 25 años; y León donde existen 109 camas en la misma situación.
«Mientras tanto, existen conciertos con las residencias privadas para poder cubrir las necesidades de dependencia de nuestros mayores, que tienen que esperar meses e incluso años para acceder a una plaza en una residencia pública», critican desde el sindicato de Enfermería que, además, se ha dirigido a la Consejería de Transparencia de la Junta ante la tramitación del Decreto que regula la autorización y funcionamiento de las residencias de personas mayores de Castilla y León, «que favorece el negocio de la empresa privada en detrimento de la asistencia ya que elimina la obligatoriedad de que estos centros cuenten con profesionales sanitarios».
Así, en una carta al vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea, Satse lamenta la decisión de la Consejería de Familia de continuar con la tramitación de dicho Decreto, solicitando además una investigación de la motivación existente por parte de la Consejería de Familia su publicación. «Existe un beneficio económico para las empresas privadas en detrimento de la calidad de los cuidados prestados a nuestros mayores y del coste que supone para el Servicio público de Salud de Castilla y León», aseguran desde el sindicato que ha recordado además que la Consejería de Familia continúa con la tramitación de la modificación de dicho Decreto tras adquirir firmeza judicial la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León que anulaba otro que publicó la Junta en el 2017. «Se pretende volver a publicar sin modificaciones eliminando la obligatoriedad de tener profesionales sanitarios en las residencias de Castilla y León», denuncian desde este sindicato.

 

Respuesta de la consejera. La consejera de Familia, Isabel Blanco, responde a esas afirmaciones de Satse negando que se pretenda favorecer a las empresas privadas ni que se busque abaratar costes en materia de personal y subrayando que «todas las plazas existentes en las residencias de personas mayores de titularidad de la Junta preparadas para la atención apersonas dependientes están ocupadas».
Blanco recuerda que el objetivo fundamental del nuevo borrador del proyecto de Decreto es «mejorar la calidad de vida de las personas mayores». Así, «el texto incorporará a nuestro ordenamiento jurídico un nuevo modelo de atención a las personas mayores basado en la atención centrada en la persona, lo que implica un nuevo enfoque de los cometidos de los profesionales que desempeñan sus funciones en los centros de personas mayores. Los apoyos que deben prestarse a los usuarios deben ajustarse a los proyectos de vida de cada persona, a sus necesidades y expectativas», indica.

En relación a las plazas vacantes en las residencias de personas mayores de titularidad de la Junta de Castilla y León, la consejera deja claro que «son plazas no habilitadas para la atención a personas dependientes y se está desarrollando un plan de transformación y adaptación de estas plazas, pactado en el diálogo social» y remarca que «todas las plazas existentes preparadas para la atención a personas dependientes están ocupadas». Justifica esa afirmación con que «las plazas vacantes no pueden ser utilizar por personas válidas ya que, con el tiempo, cuando devinieran en personas dependientes no podrían permanecer en ellas al no estar adaptadas a sus necesidades. Asimismo sucedería en el momento en que se quisieran iniciar las intervenciones de adaptación y conversión en plazas para personas dependientes».


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