El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, sentenció ayer que Castilla y León «pierde dinero» con la propuesta para el reparto de los fondos del modelo de financiación autonómica que el pasado viernes envió el Gobierno, a la Junta, y exigió más peso en el reparto a las variables de «envejecimiento, superficie y dispersión». «No da un paso adelante para nada», criticó el consejero, quien solo consideró «positivo» que «empieza a hablarse» de la reforma del sistema, cuya negociación, dijo, debe ser «multilateral y en condiciones de igualdad».

Carriedo lamentó que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, plantee un primer documento con criterios de reparto de los recursos en el que «algunas autonomías pierden», como Castilla y León, y «otras ganan», y criticó que «no existe una referencia» a los recursos globales con los que se dotará el sistema, en el que la Comunidad «no quiere perder peso».

Fernández Carriedo, quien recordó la infrafinanciación que sufre Castilla y León, con un modelo que deja sin cubrir el 16 por ciento de los gastos en sanidad, educación y servicios sociales, indicó que «todavía hay tiempo» para mejorar los aspectos más lesivos para la Comunidad de este primer documento. En este sentido, explicó que seguirán manteniendo contactos con otras autonomías y con los grupos del arco parlamentario de la Comunidad, para llegar a enero con una postura de fuerza común. Así, incidió en que Castilla y León mantendrá la postura recogida en el acuerdo de Santiago de Compostela entre ocho autonomías, que a su entender, seguirán unidas en sus reivindicaciones, así como el pacto parlamentario que se alcanzó en las Cortes de Castilla y León en esta materia.

Materias a mejorar

El consejero de Economía y Hacienda repasó cuatro aspectos esenciales en lo que la Junta peleará por una mejora. En primer lugar, denunció la pérdida de peso del envejecimiento en el reparto de los fondos dirigidos a cubrir los servicios sociales. En este sentido, lamentó que el texto del Gobierno reduce el peso de los mayores de 65 años en el reparto, algo que «no se entiende ni comprende».

En segundo lugar, arremetió contra la creación de un fondo para las autonomías con menos de dos millones de habitantes y razonó que no entienden por qué ese límite poblacional, porque «nada tiene que ver con la despoblación». «Es contrario al modelo mismo que defendemos», dijo, para demandar que esas partidas se dirijan a aquellas que realmente sufren sangría poblacional.

En tercer lugar, el consejero exigió un aumento del peso en los criterios de reparto de la superficie y la dispersión, porque la propuesta «no mejora el peso de esos factores cuando son un problema fundamental» a la hora de determinar el coste efectivo de la prestación de servicios.

Al respecto, recordó que Castilla y León tiene el 38 por ciento de todos los consultorios locales; con 965 médicos de familia por cada millón de habitantes, frente a una media nacional de 642. Asimismo, el coste sanitario es «doce veces superior a la media», afirmó en declaraciones recogidas por Ical.

En cuarto lugar, Carriedo denunció que la financiación de otros servicios, los que no son sanidad, educación y servicios sociales, se basará exclusivamente en el volumen de población, en el padrón, lo que no explica su coste y la Comunidad saldrá muy perjudicada porque están «muy vinculados al territorio».