El juicio por furtivismo en Gredos que deriva de la llamada ‘Operación Almanzor’, una investigación que realizó el Seprona en el año 2008 sobre una supuesta trama de cazadores furtivos que habría actuado en la Sierra de Gredos cobrándose gran cantidad de machos de cabra montés con armas largas y silenciadores acoplados, quedó este viernes visto para sentencia, después de las declaraciones de seis testigos y las conclusiones de las dos partes, la defensa, ejercida por cinco letrados, y la acusación, en manos de la fiscal y la organización Ecologistas en Acción.

Los nueve acusados, tres de los cuales no estuvieron presentes en la vista y renunciaron a la última palabra, se enfrentan a la petición de la acusación de una multa económica y la inhabilitación para la caza durante varios años por un delito contra la fauna, ya que en su informe final, la Fiscalía decidió retirar la acusación por un delito de tenencia ilícita de armas de uno de ellos. La defensa, por su parte, pidió la libre absolución de todos ellos al entender que no existen pruebas en las que pueda fundamentarse una sentencia condenatoria.

La vista desarrollada ayer fue la segunda sesión de un complejo proceso que se remonta doce años atrás y que ha sufrido varias suspensiones, la primera en 2014, cuando las defensas de los entonces 29 acusados plantearon cuestiones previas de nulidad de las actuaciones respecto a las escuchas telefónicas practicadas. Una solicitud que finalmente fue estimada en septiembre del 2017 por la juez y que se confirmó en abril de 2018 por la Audiencia Provincial de Ávila, resolviendo que todas las pruebas que dependieran de las escuchas, como entradas y registros en domicilios y taxidermias y todo el material incautado en ellos, se declaraban nulas y expulsadas del procedimiento.

Con esas nuevas reglas del juego el juicio se retomó en noviembre de 2019 con la declaración de varios de los acusados, pero problemas de agenda, primero, y de carácter personal de uno de los abogados, después, acabaron por posponer la reanudación hasta este viernes, cuando quedó visto para sentencia.

Conclusiones. El Ministerio Fiscal, que finalmente decidió retirar la acusación por el delito de tenencia ilícita de armas de uno de los imputados, sí mantuvo la imputación de un delito contra la fauna para los nueve acusados. En su intervención recordó que los hechos juzgados eran dos, las cacerías registradas en diciembre de 2008 y febrero de 2009, en las que, a su juicio, habrían incurrido en ese delito contra la fauna, en unos casos como autores y en otros como cooperadores necesarios, y subrayó que dichas cacerías «sin autorización» habrían tenido lugar dentro de la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos.

Por su parte, la acusación popular ejercida por Ecologistas en Acción se adhirió a las posiciones de fondo de la fiscal y subrayó que la intencionalidad se basa en «cinco indicios»: el precio, que la documentación no se la pidió un agente forestal, utilizar un arma con silenciador, cazar de noche y dejar la pieza en la sierra.

Mientras las defensas de los acusados en este proceso pidieron la libre absolución para todos ellos al entender que el delito contra la fauna que se les imputa tiene base únicamente en unas escuchas telefónicas que fueron declaradas nulas por el juzgador, razón por la que entienden que no hay ni una sola prueba en la que pueda sustentarse una sentencia condenatoria de los nueve acusados.