La Consejería de la Presidencia tiene “muy avanzado” aunque “no cerrado” el mapa de fosas de la Memoria Histórica recogido en el decreto aprobado hace un año y trabaja en colaboración con las asociaciones y el Consejo Asesor, además de que ha expresado al Ministerio de Justicia su cooperación y disponibilidad para el intercambio de datos en el censo de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo que tiene previsto elaborar.

La Dirección General para la Memoria Histórica del Ministerio de Justicia convocó recientemente a una reunión a los competentes en esta materia de las comunidades autónomas, a la que en representación de la Junta de Castilla y León acudió el secretario general de la Consejería de la Presidencia, José Manuel Herrero, quien, según fuentes de este departamento, puso a disposición del Ministerio los datos del Gobierno autonómico.

En tal sentido, el decreto de la memoria histórica y democrática de Castilla y León para regular la localización, exhumación e identificación de los restos de las víctimas de la Guerra Civil y de la Dictadura, aprobado por el Consejo de Gobierno en abril de 2018, recoge, desde el punto de vista del reconocimiento, la elaboración de un mapa de fosas, recuerdan fuentes de la Consejería de la Presidencia, que precisan que ese trabajo se encuentra “muy avanzado” pero “no cerrado”.

El decreto, que condena la dictadura franquista y la represión, regula el procedimiento de autorización de exhumaciones, conforme a la normativa estatal, pero incluye “las peculiaridades propias de Castilla y León”, como la creación de un Consejo Técnico de carácter autonómico, quien autorizará estas actuaciones, y un Consejo Asesor como órgano colegiado de carácter consultivo.

“Los datos están desfasados, hay que buscar la metodología para ver como se van a hacer las cosas en el futuro y trabajar con el movimiento asociativo, que también investiga”, explica a Ical el presidente del Consejo Asesor de la Memoria Histórica de Castilla y León, Ángel Hernández, que insiste en que “no existe nada fiable” ni en los datos del Gobierno ni de la Junta.

Hernández afirma que en este momento se está en un “impase” y subraya que ellos van a seguir trabajando, aunque reconoce que “no es lo mismo contar con un Gobierno proclive que no”, a la vez que destaca la necesidad de realizar un “gran archivo” desde la colaboración de todas las partes y desde el “rigor” en lo que considera un “trabajo complejo”.

Por otro lado, achaca la parálisis en el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, aprobada en 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, a la inacción del Ejecutivo de Mariano Rajoy por motivos tanto económicos -recorte de los recursos- como ideológicos, mientras que defiende el “papel impecable” del vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, y del Gobierno de Pedro Sánchez al que “no se puede recriminar nada”.

El decreto aprobado por la Junta se amplió con la incorporación de “numerosas” aportaciones de las asociaciones memorialistas y organizaciones sindicales de Castilla y León y recogió, entre ellas, la simplificación y clarificación del procedimiento de autorización de exhumaciones, cuestiones relativas a la memoria y el reconocimiento, como el apoyo a los actos públicos de homenaje y reconocimiento a las víctimas de la Guerra Civil, y la inclusión de estas materias en las aulas.

Otro de los elementos que contempla la misma norma es la realización de estudios para analizar la posibilidad de crear un Banco de ADN y la celebración de un con convenio con el Centro Documental de la Memoria para actuaciones conjuntas, como poder crear el citado censo. Además, la Consejería de la Presidencia concedió 100.000 euros en ayudas a las asociaciones memorialistas.

El mapa de fosas comunes de Castilla y León, como recoge la web del Ministerio de Justicia -no está actualizado, según asociaciones, grupos de la oposición y el presidente del Consejo Asesor-, señala la existencia de 219, de ellas 19 en Ávila; 54 en Burgos; 48 en León; 28 en Palencia; 11 en Salamanca; 15 en Segovia; 11 en Soria; 13 en Valladolid; 10 en Zamora.

El Ministerio refleja 71 traslados al Valle de los Caídos, 130 exhumaciones totales, una parcial -Villafranca Montes de Oca, en Burgos-, 12 no intervenidas y cinco desaparecidas. “En un país democrático, no es digno que haya muertos en las cunetas”, argumentó el vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, tanto en la explicación del decreto como en sus comparecencias en las Cortes.