La Fiscalía General del Estado ha propuesto la posibilidad de instalar cámaras de vídeo en las aulas o los despachos para frenar el destacado incremento de los delitos contra la libertad e indemnidad sexual durante el año 2018, cuyas cifras son "especialmente preocupantes", tal y como se recoge en su memoria anual publicada hoy. 

Dicho informe refleja el aumento de los procedimientos iniciados por delitos sexuales el año pasado, cuando alcanzaron los 18.986, lo que supone un incremento del 23,2 por ciento con respecto a 2017. Concretamente, las agresiones sexuales han aumentado un 23,7% (6.119 procedimientos en 2018 frente a 4.943 en 2017); los abusos sexuales, un 30,7% (6.425 en 2018 frente a 4.914 en 2017); y las violaciones, un 9,5% (276 procedimientos en 2018 frente a 252). 

Asimismo, este tipo de delitos fueron los que dieron lugar a un mayor número de escritos de calificación en el procedimiento de sumario: un total de 1.345, de los que 404 fueron por agresiones sexuales, 107 por violaciones y 338 por abusos sexuales. En términos absolutos, estos delitos suponen el 1% del total de diligencias previas incoadas. 

"Detrás de esas cifras, hay víctimas que han sufrido un extraordinario impacto por estos hechos, que se ve agravado en aquellos supuestos en los que la Administración de Justicia no ofrece la respuesta esperada", señala la Fiscalía en la memoria, en la que cita el conocido y polémico caso de la Manada de los Sanfermines de 2016. 

Para la Fiscalía, la sentencia de este caso -en el que los cinco acusados fueron finalmente condenado por un delito de agresión, en vez de abuso- invita a "reflexionar sobre la norma penal, su interpretación y aplicación práctica". La fiscal general del Estado, María José Segarra, cree que también hay que hacerlo "sobre el tratamiento informativo" de estos asuntos y sobre "la imagen que se transmite desde el sistema de Justicia cuando las decisiones que se adoptan se muestran tan alejadas de una mayoritaria sensibilidad social". 

En este punto, ha recalcado que la posición del Ministerio Público en el caso de la Manada "ha sido coherente", ya que calificó los hechos como una agresión y no como abuso -como sí hicieron la Audiencia de Navarra y el Tribunal Superior de Justicia-.

Relevante número de menores víctimas de abusos 

En su informe, la Fiscalía avisa de que un "relevante número" de estos delitos sexuales, sobre todo agresiones o abusos sexuales, tienen como víctimas a menores. 

Según sostiene la Fiscalía, estos delitos contra menores se llevan a cabo por personas cercanas a la víctima. "Son entornos familiares, educativos o de tiempo libre los que mejor catalogan estos escenarios", apunta. 

En este contexto, la institución hace hincapié en la "dificultad" de la actividad probatoria de un ilícito que se mueve "en un entorno de extrema intimidad en su ejecución" y donde existe "una connotación de vergüenza" por parte de las víctimas que habitualmente suelen rechazar la vía judicial. 

"Este rechazo inicial propicia incluso la desaparición de pruebas, de manera que el inicio final del proceso se da en situaciones difícilmente reversibles por la pérdida de un trascendental bagaje probatorio", argumenta. 

Para evitar esto, el Ministerio Fiscal se "podría llevar a normalizar la adopción de medidas de grabación en video de espacios cerrados -como despachos, aulas-, que eviten la imposibilidad de acreditación del hecho o el que determinadas personas se vean sometidos a tan lacerantes como infundadas sospechas o imputaciones". 

En el ámbito de la violencia doméstica, la Fiscalía ve "especialmente preocupante" esta expresión delictiva. Según apunta, varias fiscalías (Badajoz, Jaén, Zaragoza o Zamora) inciden en la frecuencia de los abusos sexuales hacia menores en este contexto.