scorecardresearch

El PSOE demanda un proceso para estabilizar empleo público

E.Carretero
-

El edil socialista José Antonio Herráez recuerda que por ley antes del 1 de junio se deben ofertar las plazas de trabajadores temporales que estén ocupadas

El PSOE demanda un proceso para estabilizar empleo público

El portavoz socialista de Presidencia en el Ayuntamiento de Ávila, José Antonio Herráez, ha solicitado al cogobierno de Por Ávila y Ciudadanos que «haga suyo el contenido de la Ley 20/2021 el 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad del empleo público y, que no dilate la puesta en marcha de los procesos de estabilización y consolidación de puestos de trabajo en el Ayuntamiento de Ávila».

Y es que, asegura el edil socialista, «se trata de una ley de obligado cumplimiento, incluida en el Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia, que viene a proporcionar los mecanismos para reducir y controlar la temporalidad en la administración por debajo del 8 por ciento», recordando además que atendiendo a esta normativa «las Administraciones Públicas deberán ofertar antes del 1 de junio de 2022 las plazas de trabajadores temporales que están actualmente ocupadas». 

«El Ayuntamiento de Ávila cuenta con empleados y empleadas municipales contratados hace años por la administración y cuyas plazas no se han cubierto de manera definitiva», explica el portavoz socialista en la comisión de Presidencia para lamentar que se trata de «trabajadores que ocupan puestos estructurales de manera temporal desde hace mucho tiempo, pero que no cuentan con la estabilidad laboral que se le presupone a la administración pública». Ante esta situación, José Antonio Herráez reitera el «escaso interés del equipo de gobierno con las políticas de personal en el Consistorio, como demuestra, afirma, «el estancamiento y la ausencia de ganas de sacar adelante la RPT. Algo que nos hace pensar que esta vez también suspenderán en la ejecución de esta norma».

A juicio del edil socialista, «el gobierno municipal lleva más de dos años demostrando su falta de compromiso con los empleados y empleadas públicas, base fundamental sobre la que descansa la prestación de los servicios del estado del bienestar».