Castilla y León mantiene su liderazgo en potencia eólica

SPC
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Parque eólico Madero I y Madero II en la localidad soriana de Ólvega. - Foto: Ical

La Comunidad es un "caso extraordinario", ya que exporta mucha más electricidad de la que consume, con una cobertura de la demanda del 80%

Castilla y León mantuvo en 2018 su liderazgo en potencia eólica instalada, con una cuarta parte de España. Ello, a pesar de que el pasado año no estrenó ningún parque nuevo, al contrario que algunas otras regiones. La Comunidad cuenta con un acumulado de 5.595 megavatios gracias a sus 244 instalaciones eólicas, de un total nacional de 23.484 y 1.123 parques (con 20.306 aerogeneradores).

Según los datos del Anuario de la Asociación Empresarial Eólica (AEE) a los que tuvo acceso Ical, Castilla-La Mancha continúa como la segunda región en este ámbito, con 3.817 megavatios (144 instalaciones), de los que 10,37 de ellos entraron en funcionamiento el pasado año.

Les sigue Galicia, con casi un 15 por ciento de la potencia (3.422 y 161 parques), que incorporó a su sistema 68 megavatios nuevos en 2018; Andalucía, con un total de 3.331 en 154 recintos (de los que 30 comenzaron a operar el pasado año); y Aragón, con 2.002 megavatios y 93 parques, con 90,9 nuevos. El archipiélago canario, a pesar de ser la cuarta comunidad con menos potencia instalada, fue la que sumó más megavatios en 2018, con casi 200 nuevos, casi la mitad de su total y de los 392 que se agregaron en España en el último ejercicio natural. De hecho, AEE resalta en su Anuario Eólico, “ni el ranking por promotores ni el de fabricantes se han visto modificados en el último año a pesar del aumento de potencia instalada”.

Así, la cuota de mercado por generación de eólica fue del 19 por ciento en España (48.902 gigavatios hora), una quinta parte, que representa a 12 millones de hogares. Castilla y León, con una cobertura de la demanda eléctrica del 80 por ciento, según datos de Red Eléctrica Española (REE), supone un “caso extraordinario”, ya que se trata de una comunidad autónoma que “exporta mucha más electricidad de la que consume”. Le siguen Castilla-La Mancha, con un 68,6 por ciento, y La Rioja, con un 53. A la cola están Madrid, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, así como Extremadura.

Entre las tecnologías renovables, la eólica es la tecnología líder, comparada con la fotovoltaica, que cubrió el tres por ciento, y la termosolar, el 1,8. En 2018, la eólica funcionó una media de 2.134 horas equivalentes anuales frente a las 1.645 de la fotovoltaica. En total, las renovables aportaron el 40 por ciento de la electricidad que consumieron los españoles, lo que representa un aumento significativo respecto a 2017, debido sobre todo a la “gran hidraulicidad” del año y a la “excepcional generación eólica en algunos meses”.

En España, el sector eólica moviliza 3.394 millones de euros, el 0,31 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y evitó la emisión de 25 millones de toneladas de CO2, según AEE. Además, los consumidores industriales ahorraron 3.540 millones de euros. El sector contempla 207 centros industriales en 16 de las 17 comunidades autónomas, con 20.306 molinos para 1.123 parques eólicas en 807 municipios.

Subastas de 2016 y 2017

La Asociación Empresarial Eólica recordó también en su Anuario que en febrero de 2016 se celebró la primera subasta de renovables de la historia en España: 500 megavatios eólicos y 200 de biomasa. Así, la reforma energética estableció el final del anterior sistema de incentivos para las nuevas instalaciones renovables, pero el Gobierno se reservó el derecho a convocar subastas cuando necesite lograr un aumento de la potencia renovable en un determinado periodo de tiempo. En estos momentos, este es el caso para cumplir con los objetivos europeos a 2030.

Por otra parte, la primera subasta de 2017 se celebró en mayo. Se cerró en el descuento máximo permitido por el diseño de la subasta, con un sobrecoste para el sistema de 9,462 euros negativos por megavatio hora y se adjudicaron, finalmente, un total de 3.000 megavatios. De ellos, 2.979, el 99 por ciento, se otorgó a la energía eólica, un megavatio a la fotovoltaica y casi 20 a otras tecnologías, principalmente biomasa.

La segunda subasta de ese año tuvo lugar en julio, con un sobrecoste para el sistema de 18,59 euros negativos por megavatio hora y se adjudicaron 5.037 megavatios, de los que el 77 por ciento se destinó a fotovoltaica y 1.128 a eólica.

Una vez adjudicados los megavatios, los promotores tenían un plazo de seis meses para identificar los proyectos concretos a realizar. En febrero de 2018, trascurrido el plazo correspondiente de la primera subasta de 2017, el Gobierno certificó que se habían identificado 165 proyectos, eólicos en su gran mayoría, que corresponden a 22 promotores. De ellos, una veintena se localizan en Castilla y León, en un ranking que lidera Aragón (80 proyectos).

En abril de 2018, trascurrido el plazo de la segunda subasta de 2017, se certificaron 206 proyectos (63 eólicos y 143 fotovoltaicos), de 40 promotores, con 35 en Castilla y León. De nuevo, Aragón encabezó la adjudicación, pero con sólo 39 iniciativas.

En agosto concluyó el plazo para que los promotores de la subasta de mayo de 2017 acreditasen al Ministerio que contaban con autorización administrativa para construir las instalaciones renovables. El Ministerio para la Transición Ecológica informó de que habría resuelto favorablemente 86 de las 113 solicitudes remitidas por los adjudicatarios de la subasta de instalaciones renovables celebrada en abril de 2017. En total, los expedientes que se habían completado satisfactoriamente correspondían a 2.526 megavatios de potencia. Las 27 restantes, que se traducían en 736,82 megavatios, estarían en proceso de análisis.

A partir de este momento, los adjudicatarios que cuenten con una resolución favorable tienen hasta el 31 de diciembre de 2019 para que las instalaciones sean construidas y entren en funcionamiento. En cuanto a la segunda subasta de 2017, la de julio, AEE lamentó que el Ministerio debería haber publicado los datos de los expedientes con resolución favorable a finales de octubre de 2018, “pero a fecha de cierre del Anuario no se ha hecho público”.