La segunda jornada de huelga general de las seis convocadas por los funcionarios de prisiones para exigir al Gobierno que desbloquee el conflicto de este colectivo, incluyendo mejoras salariales y laborales, fue secundada en el caso del Centro Penitenciario de Brieva por el «cien por cien de los funcionarios del turno de noche» y por el «85 por ciento de los de mañana», respetándose en ambos casos los once trabajadores fijados en servicios mínimos, según la información facilitada por los sindicatos UGT, CCOO, CSIF y Acaip, convocantes de esta huelga general.
«La huelga se está desarrollando con normalidad», aseguró Gonzalo Cruz, responsable de instituciones penintenciarias de CSIF, que apuntó que el objetivo de esta movilización es que el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, «se siente con nosotros y vuelva a poner sobre la mesa la oferta que ya nos puso de 122 millones de euros». Apuntó además Cruz que aparte de pretensiones salariales, está huelga también pretende poner solución a las agresiones que sufren los funcionarios de prisiones, recordando que solo durante este mes han sido agredidos «19 trabajadores» de centros penintenciarios, de los cuales dos han terminado en la UCI. «Si el señor ministro entrara en las prisiones y hablara con los funcionarios de instituciones penitenciarias a lo mejor sabría por qué nos hemos puesto en huelga general», afirmó el responsable de CSIF.
«El ministro está faltando a la verdad y lo sabe, ya que estas movilizaciones habían empezado ya con el anterior gobierno», apuntó por su parte Palmira Sánchez, de CCOO, que indicó que «esto no es una cuestión de colores políticos sino de abandono de los funcionarios de prisiones, que llevamos sufriendo mucho tiempo con diferentes gobierno».
Más personal y recursos, incremento retributivo y medidas contra las agresiones son las principales reivindicaciones de este colectivo, tal y como explicó Fernando Sánchez, representante del sindicato Acaip en Ávila, que advirtió que «vamos a continuar con la huelga hasta que se nos escuche».
Por su parte, Antonio Pascual, de UGT, criticó «la falta de seriedad» en unas negociaciones que comenzaron «hace año y medio» y en las que pese a haber notado «un talante distinto» y «avanzado en cuestiones como la convocatoria de empleo», con una oferta de 800 plazas pese a que se necesitarían 3.200, no se ha dado respuesta a una demanda retributiva que pasa por «equipar salarialmente a los funcionarios de todas las prisiones». «Nos pueden ofrecer otros beneficios pero en estos momentos estamos solicitando, y no nos averguenza decirlo, que nos suban las retribuciones; pedimos dinero».