Los procuradores del PSOE de Ávila en las Cortes autonómicas, Miguel Hernández y Soraya Blázquez, han manifestado que la Junta de Castilla y León está obligada a publicar de inmediato los términos del convenio suscrito para la realización del cribado masivo previsto para empresarios y trabajadores de Ávila, con el fin de "comprobar qué grado de responsabilidad tienen las consejerías implicadas en este fiasco, que son Empleo y Sanidad".
Al respecto, han anunciado la presentación de una iniciativa parlamentaria en las Cortes autonómicas con el propósito de que "la Junta de Castilla y León ofrezca explicaciones acerca de las razones por las que se ha permitido favorecer a los asociados de una determinada organización empresarial, cuando la propia Junta aseguró que estas pruebas estaban abiertas a la totalidad de trabajadores y empresarios abulenses, bastando para ello con solicitar previamente cita a través de la página web del Plan Sumamos".
Desde su punto de vista, "el ridículo de la Junta ofreciendo a un sector de la población abulense la posibilidad de someterse a test de antígenos para la detección de COVID-19, cuando tal posibilidad era ficticia, no puede quedar en una mera anécdota y merece las aclaraciones oportunas para conocer si la Junta realizó el anuncio sabiendo que horas antes ya se había agotado el cupo de pruebas previstas".
Los parlamentarios socialistas consideran que "la Junta vuelve a dar muestras de que entiende la sanidad como un negocio porque en su mano estaba evitar la polémica que se ha producido, pero ha preferido no hacerlo".
"¿Por qué se permitió a los organizadores adelantar a sus asociados los requisitos del cribado masivo dos días antes de que lo hiciera público la Junta?", se preguntan los procuradores, quienes también quieren conocer el coste del cribado y la parte que financia la Junta, así como los motivos por los que "la plataforma de inscripciones estaba habilitada antes de que se anunciara públicamente la convocatoria".
En su opinión, "la Junta debe, primero, pedir disculpas a la ciudadanía, y después, organizar un nuevo cribado en igualdad de oportunidades para los autónomos y trabajadores interesados y que no esté condicionado a la situación epidemiológica, como insinuó el viceconsejero de Empleo, porque en caso contrario se constatará que, lejos de ser una actuación encuadrada en la colaboración público-privada, la convocatoria ha sido una".