El consejero de Economía de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el vicepresidente de la Junta de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro; y la consejera de Presidencia del Gobierno de Aragón, Mayte Pérez, volvieron a unir sus voces ayer para destcar la importancia de que el Gobierno central aplique ya una fiscalidad diferenciada para las provincias de Soria, Cuenca y Teruel, mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Los representantes de las tres comunidades celebraron una reunión de trabajo telemática con los representantes de la patronal de Soria, Cuenca y Teruel y con la coordinadora de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), Sara Bianchi, para explicar el trabajo realizado por sus gobiernos en referencia a las normas y actuaciones para que los estados miembros puedan conceder ayudas estatales a las empresas para fomentar el desarrollo económico de las zonas escasamente pobladas de la UE.

La reunión sirvió para analizar el documento técnico elaborado por las tres comunidades, en el que se facilita la herramienta jurídica necesaria para que Bruselas valide las ayudas, de forma que no tenga efectos negativos sobre la competencia y el comercio, como exige la Comisión Europea. El documento fue remitido al Gobierno de España con el fin de dar respuesta a cómo articular las bonificaciones en los costes laborales para estas tres provincias, al amparo de las Directrices de la Unión Europea sobre ayudas estatales de finalidad regional.

En concreto, el documento defiende que la forma más operativa de articular las ayudas, que también podría alcanzar a zonas adyacentes con una densidad de población menor de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado, es mediante la aplicación de beneficios sobre las cotizaciones a la Seguridad Social. Concretamente, sobre las aportaciones empresariales a las cuotas por contingencias comunes en el Régimen General, de forma que se establezca un tipo aplicable inferior al general.

De este modo, según el citado informe, el tipo de cotización empresarial por contingencias comunes en el Régimen General de la Seguridad Social, actualmente fijado en el 23,6%, podría reducirse en el importe correspondiente hasta alcanzar el 20% de los costes laborales. En el caso de los trabajadores autónomos, el tipo de cotización por contingencias comunes asciende al 28,3%, que podría verse reducido del mismo modo hasta alcanzar como máximo el 20% de los costes laborales del trabajador.

El texto indica asimismo que las ayudas se establecerán con carácter «indefinido», en tanto en cuanto sean compatibles con la normativa europea, y que no es necesario que las empresas tengan su domicilio social en la zona asistida.