La propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León para eliminar los aforamientos de los procuradores y de los miembros de la Junta se puede bloquear en las Cortes ante la falta de consenso entre PP-Cs, socios de Gobierno, y el Grupo Socialista, el mayoritario en la Cámara. De darse esa situación, que parece más que probable en este momento, no se podrá presentar otro texto con ese contenido hasta que haya transcurrido al menos un año.

El acuerdo para el Gobierno de Castilla y León, suscrito el pasado mes de julio por Alfonso Fernández Mañueco y Francisco Igea, recoge en su apartado segundo de regeneración política e institucional que impulsarán la reforma urgente de los artículos 22 y 29 del Estatuto de Autonomía con el fin de suprimir los aforamientos tanto de los procuradores como de los miembros de la Junta.

En cumplimiento de ese mandato, los portavoces de PP, Raúl de la Hoz, y de Cs, Ana Carlota Amigo, registraron a finales de julio la proposición de ley conjunta. El Grupo Socialista, que acusó a ambos de romper el consenso institucional, también ha presentado la suya. En las Cortes, figuran ambas iniciativas para su debate.

“No va a haber reforma sin proteger a las personas y la calidad de vida”, advierte la viceportavoz socialista en declaraciones a Ical, en las que subraya que no se puede iniciar un trámite complejo para una reforma tan parcial. Virginia Barcones resalta, además, que la revisión planteada se queda coja porque proponen retirar un privilegio pero se deja que solo pueden ser detenidos (los políticos) en caso de flagrante delito.

La oposición socialista está a favor de eliminar los “privilegios” de los procuradores y miembros de la Junta, pero en su totalidad, aunque también se decanta, ya que se plantea la reforma, por incluir un techo de gasto -el 12 por ciento del PIB- para blindar los servicios públicos y recoger la red de familias y la renta garantizada de ciudadanía.

De manera que la situación es no incluir en el orden del día esas propuestas ante la falta de acuerdo o bien recogerlas, pero, en ese caso, si el pleno no las aprueba, dado que ni PP y Cs, por un lado, ni el PSOE, por otro, tienen la mayoría requerida de dos tercios, quedarían bloqueadas y no se podría volver a presentarlas hasta pasado un año, como recoge el Estatuto en el apartado sobre los trámites para su reforma.

Barcones reconoce que ese es el escenario actual y culpa a PP y Cs en caso de un bloqueo al considerar que “han volado los pilares” por los que se ha construido la Comunidad, es decir el consenso en las normas fundamentales. Pero será posible un acercamiento para que eso no ocurra. La dirigente socialista responde que ambas formaciones “han dinamitado el acuerdo con una actitud irresponsable”.

Amplía y coherente

La presentación de una reforma sin consenso antes era “impensable”, dice la dirigente socialista, que ve “postureo” en PP y Cs y pregunta por qué, una vez que se inicia el proceso, no quieren que se blinden los servicios públicos. “El problema es que se han lanzado a una aventura, porque están más preocupados de justificar su propio acuerdo”, asevera.

De aprobarse alguna de las propuestas presentadas, la ‘número dos’ socialista considera que debe ser la de su grupo. “Es más amplía y coherente, la ha presentado el partido que ha obtenido el mayor respaldo de los ciudadanos” en las últimas elecciones, argumenta. “La reforma del Estatuto es seria, tiene que ir a las Cortes Generales, no es como quedar a tomar un café”, advierte.

Barcones lo explica de otra manera: “Emprender una reforma, que es un proceso complejo, sin blindar los servicios públicos y proteger a las personas y su calidad de vida, de ninguna manera”. El Grupo Socialista recalca que están a favor de eliminar “privilegios” de los cargos públicos, pero reitera que tiene que ser en su totalidad e insiste en una revisión más amplía de la máxima norma.

Por su parte, De la Hoz y Amigo defendieron la presentación de su iniciativa, centrada solo en los aforamientos, para agilizar su supresión, sin perjuicio de una reforma más amplía en el futuro. Precisamente, el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, se decantó por su ampliación a la renta garantizada de ciudadanía y la red de protección a las familias. Los grupos de PP y Cs le respondieron que se retrasaría el objetivo, marcado como prioritario, de eliminar los aforamientos.