Los integrantes de la plataforma Espacio Vecinal de La Adrada han puesto en conocimiento de Léo Heller, relator especial de la ONU, la problemática que, a su juicio, existe en este municipio con el agua. No en vano, entienden que la subida del 5 por ciento en el recibo del agua «vulnera este derecho humano al abastecimiento y saneamiento, al incluir un 2,9 por ciento por la deuda acumulada de la piscina municipal».
Así, en la carta remitida a la ONU, la plataforma refiere que «el consumo humano es un derecho, mientras que otros usos no lo son, como los asociados a la industria, agricultura, comercio o los relacionados a demandas recreativas, como pueden ser las de las piscinas», asegurando además que «para garantizar la sostenibilidad y asequibilidad del abastecimiento, es fundamental que en las tarifas de agua se tengan en cuenta exclusivamente los costes asociados a la prestación de estos servicios en el hogar, no siendo procedente que se imputen costes asociados a otros usos diferentes de los personales y domésticos como pueden ser los recreativos de una piscina».
Por otro lado, denuncian en esta misiva que la «escasa calidad del agua del grifo hace que una parte considerable de la población se vea inducida a proveerse de agua en las fuentes naturales o a comprarla embotellada con el consiguiente problema económico y ambiental», defendiendo que el agua ha de ser según este derecho «asequible, aceptable, disponible y de calidad».
Al mismo tiempo, llaman la atención del relator de Naciones Unidas sobre el concepto de depuración y alcantarillado, «que encarece el recibo aún sin haber consumo», lamentando que «esas cantidades significativas cobradas a los usuarios no repercuten en la misma medida sobre la recuperación y el mantenimiento del ecosistema del río Tiétar, afluente importante del Tajo y del que denuncian su «mal estado», lo que obliga a «estar vigilantes sobre los datos de análisis del agua tras las depuradoras».
«Los vecinos quieren que la gestión del agua parta de unos principios relativos a la universalidad, no discriminación, participación y acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y sostenibilidad como reza el corpus normativo de la propia ONU», apuntan desde esta plataforma donde lamentan que «nuestros gobernantes lejos de compartir los contenidos del derecho al abastecimiento de agua y el saneamiento, reconocidos por la Asamblea General de la ONU, iniciativas populares como Right2water o el Parlamento Europeo, no nos escuchan, desatienden nuestras reclamaciones (...), nos impiden acceder participativamente a las decisiones primordiales sobre bienes básicos y no justifican con transparencia a través de informes económicos y financieros la necesidad de aumentar los costes sobre el agua».
Por ese motivo, denuncian ante el Relator de la ONU que han solicitado el amparo del Procurador del Común de Castilla y León para que interceda ante la administración local. Sin embargo, reconocen, su dictamen no es vinculante, lamentando que «los ciudadanos nos encontramos indefensos ante los Ayuntamientos que son a la vez titulares de los servicios del agua, organismos reguladores y recaudadores de tributos cuyo destino, como en este caso, no siempre sirven para mejorar el ciclo del agua».
Además, Espacio Vecinal de La Adrada ha creado una campaña en la plataforma you-we move Europe denunciando estos hechos y para recabar apoyos ciudadanos.