El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos cerró ayer una semana especialmente convulsa, con sus socios enfrentados por las iniciativas de igualdad, la futura ley de vivienda o los disturbios en las calles tras la entrada en prisión de Pablo Hasél, y lanzándose acusaciones mutuas de deslealtad y de haber cruzado líneas rojas.
Incluso el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, salió el pasado viernes para desmarcarse de su vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y dejar claro, por un lado, que la de España es una «democracia plena» -tras las dudas al respecto lanzadas por líder morado-, y por otro, que la violencia es «inadmisible», frente a los rodeos de sus socios para condenar expresamente los disturbios en las protestas por el encarcelamiento del rapero.
Sin embargo, a pesar de que las hostilidades y la tensión han alcanzando niveles críticos, ninguna de las partes se plantea romper la coalición. Todos aseguran que «la estabilidad está garantizada», aunque sí admiten que requerirá diálogo.
Tanto socialistas como morados asumen que están condenados a entenderse porque no ven otra alternativa para garantizar la gobernabilidad -teniendo en cuenta la fragmentación del parlamento-, y porque tampoco es el momento de sumir al país en un nuevo proceso electoral, con la pandemia todavía golpeando fuerte.
Más allá de las catalanas
La celebración de los comicios catalanes del 14-F no supuso el fin de las hostilidades entre los socios, como se preveía; ni siquiera a pesar de que ambos partidos lograron resultados por encima de sus expectativas. El PSC se hizo con la victoria en votos -y empató en escaños con ERC- y En Comun Podem consiguió aguantar el tipo conservando los mismos diputados. Sin embargo, en lugar de centrarse en sus logros, las dos formaciones no tardaron ni un día en enzarzarse en una nueva bronca.
El mismo lunes por la tarde, el Ministerio de Igualdad que dirige la número dos de Podemos, Irene Montero, acusó a la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, de estar bloqueando sus leyes LGTBI y Trans para que no puedan ver la luz en el Consejo de Ministros; una acusación que fue contestada desde La Moncloa, denunciado las «filtraciones» de sus socios.
Y un día después, los morados se abstuvieron y evitaron apoyar por primera vez en el Congreso una iniciativa del PSOE: la ley de Igualdad de Trato, que los socialista registrando en solitario, bautizándola como Ley Zerolo, y generando gran malestar en sus socios de Gobierno. La tensión fue a más cuando en el PSOE se enteraron de que desde Unidas Podemos se había contactado con otros grupos para trasladarles sus recelos ante la iniciativa, que consideran una intromisión en las competencias de Igualdad aduciendo que, a su juicio, Calvo no asume haber perdido esta cartera.
Si bien este enfrentamiento se suma a los muchos que tienen abiertos, fuentes gubernamentales reconocen que las diferencias en torno a las políticas de igualdad y, en concreto, sobre la ley Trans, representan una discrepancia política de calado, la más seria de las que les ocupan ahora y de las que se han producido desde su toma de posesión hace un año.
En el seno de la coalición detallan que los momentos de tensión en el plano ideológico son inevitables entre dos fuerzas diferentes, y abogan por normalizarlos, pero admiten que lo ocurrido con la Ley Trans y Zerolo ha despertado un escenario de mayor confrontación.