Los sindicatos mayoritarios y la patronal Cecale serán apartados de la elaboración de las bases reguladoras de las subvenciones de los programas de formación, orientación e inserción de parados de la Junta de Castilla y León. Unas ayudas a las que estos agentes sociales concurrían más tarde como beneficiarios de esas mismas líneas de subvenciones. Esta exclusión llega después de que un informe de la Inspección general de Servicios haya alertado que no deben participar en su elaboración los agentes sociales que luego concurren a las ayudas y que se ha podido perjudicar la libre competencia. Así lo anunció el vicepresidente y portavoz de la Junta, Francisco Igea, que reconoció que «no es razonable» que la patronal y sindicatos puedan acceder a unas ayudas en las que ellos han participado en su elaboración. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el número dos autonómico dio cuenta del informe que se puso en marcha en agosto después de que la Consejería de la Transparencia recibiera una solicitud de la Asociación Española de Formadores.
El documento presentado insta al Ejecutivo regional a revisar «la participación de los agentes sociales en los procedimientos de formación» de desempleados cuando «participen como solicitantes, directamente o a través de sus entidades de formación vinculadas». «Vamos a hacer nuestras las conclusiones de este informe», añadió Igea, que aseguró que «no vamos a mirar hacia otro lado» y reconoció estar «muy satisfecho» con los resultados de la Inspección. «Vamos a reducir al máximos las posibilidades de que exista clientelismo», matizó el número dos del Ejecutivo autonómico que, sin embargo, se negó a detallar si la participación de los sindicatos y patronal en estas ayudas era clientelismo.
Durante su intervención, Igea apuntó que el informe recomienda «velar por los principios de libre concurrencia y competitividad», ante lo que añadió que «se podría haber incurrido en prácticas no competitivas en el pasado». Sin embargo, el vicepresidente y portavoz aseguró que «no se trata de buscar y señalar a culpables con el dedo», y apuntó que será la Justicia la encargada de determinar si han existido «irregularidades» en la concesión de estas ayudas al empleo en el pasado. Al respecto, Igea explicó que este asunto se está analizando también en los tribunales, y avanzó que el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, remitirá a la Justicia toda la documentación solicitada así como las conclusiones de este informe.
Por último, el documento recomienda a la Junta que, para llevar a cabo esta revisión de las bases reguladoras, cuente con el Tribunal para la Defensa de la Competencia de Castilla y León.
Ayudas bajo sospecha
Las subvenciones a las que hace referencia el informe son las de los Programas de Orientación, Formación e Inserción y el de Formación Orientada a Desempleados. El importe total concedido, de acuerdo con la resolución de convocatorias, es en 2019 la cuantía de 11 millones de los programas OFI y 30 en FOD. En 2018 se suman 11 millones en el OFI y 33 en el FOD. Del total de dichos importes, la cuantía concedida a los agentes económicos y sociales del Diálogo Social es en 2019 un total de 795.508 de los programas OFI y 2,74 millones de los FOD y en 2019 1,13 de los OFI y 3,3 de los FOD, segúnEuropa Press.