La subasta abierta para el edificio de la Cámara de Comercio de Ávila, situada en la calle Eduardo Marquina, ha quedado desierta después de que no se presentaran ofertas para hacerse con la propiedad del bien, según se desprende del procedimiento en el Boletín Oficial del Estado.

El edificio de la Cámara de Comercio salió a subasta por un valor de algo más de dos millones de euros por un proceso judicial del Juzgado de lo Social que llevó a esta subasta por vía de apremio del bien. Se trata la Casa-Palacio del Regidor Navarro, sede de la Cámara Oficial de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Ávila.

Se llegó a este punto como consecuencia de una deuda que había con los trabajadores y que superaba los 400.000 euros. La consiguiente reclamación que realizaron en los tribunales llevó a esta venta por subasta para poder sufragar esta cuantía, lo que por el momento no se ha llevado al cabo puesto que no se han presentado ofertas.

Llegados a este punto, existe un proceso específico (artículo 264 de la ley reguladora de la jurisdicción social) por el cual se da un plazo de diez días, una vez desierta la subasta, para que los trabajadores puedan adjudicarse el bien ellos mismos o a favor de un tercero, según explica la representación de los trabajadores.

Se asegura que «de momento hay compradores» pero aún no se sabe cómo se irá el procedimiento. Por el momento, aunque se sabe que la subasta ha quedado desierta por la publicación en el BOE, tiene que haber una resolución del Juzgado de lo Social en la que se abra ese plazo de diez días y se dé la opción a los trabajadores como «acreedores privilegiados». A partir de ahí habría que ver si de verdad se materializa esa opción a su favor o para esos terceros que podrían estar interesados. Esa adquisición se haría por valor de un 30 por ciento de la tasación, lo que rondaría los 650.000 euros.

Hay que tener en cuenta que entrar en posesión de este bien supondría cubrir todos los gastos, con el pago a los trabajadores con los intereses y a otros deudores que hubiera, como puede ser el caso del Ayuntamiento con los pagos pendientes del IBI. Según explican, lo que se tendría que asumir son los pagos pendientes de este edificio.

En el caso de que finalmente no hubiera comprador, se levantaría el embargo y no se vendería, por tanto, el edificio, lo que dejaría a los trabajadores la opción de ir al Fondo de Garantía Salarial, con pérdida de dinero.

En este caso, debido a la protección que tiene el edificio, la Junta de Castilla y León tiene derecho de retracto, es decir, puede igualar la oferta que se presente, aunque en este momento del procedimiento también supondría asumir los gastos generados al comprador (inscripción en el registro o costes si se ha pedido un préstamo, por ejemplo).

No es la primera vez que se vive una subasta de este edificio, puesto que ya sucedió en el pasado por una deuda con la Seguridad Social, aunque entonces se pudo parar todo el trámite porque el importe pendiente, de unos 38.000 euros, sí que pudo ser asumido.

En este caso se trataba de una deuda más grande, de más de 400.000 euros, que afecta a cinco trabajadores desde 2016.

Todo este proceso llevó a que se llegara a convocar una nueva subasta, que es la que ahora se ha cerrado sin pujas lo que supone que por el momento no hay un comprador para el edificio de la Cámara de Comercio. Se trata de un palacio que consta de planta baja y principal, con varias habitaciones y dependencias, patio central, cebadero y otros dos patios.

Desde él operaba la Cámara, entidad que no tiene ninguna actividad después de la dimisión del su último presidente, así como los miembros del Comité Ejecutivo y del resto de integrantes del Pleno en diciembre de 2018. A partir de ahí se encomendó la labor a una junta gestora, aunque finalmente pasaría al Consejo Regional de Cámaras de Comercio.